La democracia se sostiene en la separación de poderes, así como en el respeto y autonomía de cada uno de ellos. Hoy esos principios están en peligro.
Ante su evidente y preocupante capacidad de generar consensos y buscar acuerdos que permitan sacar adelante sus iniciativas, el presidente Gustavo Petro decidió apostarle a generar más incertidumbre, más resistencia social, más polarización política y más caos en el país.
No de otra forma puede entenderse su absurda propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente, presentada de manera calenturienta el viernes en Cali, ante la minga indígena, en el llamado “monumento a la resistencia”, construido por integrantes de la “primera línea”, durante la revuelta del 2021.
“Si las instituciones que hoy tenemos no son capaces –afirmó Petro– de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, ordenó, mandó, no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, son las instituciones las que cambian”.
La carga de profundidad del discurso que sin duda alguna compromete la existencia misma de nuestra frágil democracia está en el siguiente párrafo: “Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución, porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar, el triunfo popular del 2022 se respeta y la asamblea nacional constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia”.
Digamos las cosas sin rodeos. Aquí el único que no ha estado a la altura es el presidente de la República. Todas las reformas que el pueblo “decretó, ordenó y mandó”, absolutamente todas, las puede lograr Petro en el Congreso de la República, que es el escenario natural para tramitarlas.
El problema es que Petro no solo no cree en los congresistas, sino que tampoco cree en el Congreso. Y eso es lo grave y preocupante. Su estrambótico anuncio de una eventual asamblea constituyente así lo demuestra. Semejante esperpento –que siempre negó una y otra vez en sus tiempos de candidato– implicaría, entre otras cosas, el cierre del Congreso de la República, que debería ceder sus funciones a la asamblea constituyente, que quedaría facultada para aprobar todo tipo de iniciativas, entre ellas la reelección presidencial, que es –¿alguien lo duda?– uno de los sueños de Petro. Por esa misma vía vendría todo un aluvión en contra del sector productivo y la propiedad privada.
Pero Petro –al mostrar las orejas de lobo autoritario y déspota en Cali– también dejó en claro que no solo no cree en el Congreso, sino que también duda de las decisiones de la rama judicial, que es tan grave como despreciar al poder legislativo.
En efecto, sobre algunas decisiones adoptadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, Petro afirmó: “Ya no es momento de un acuerdo nacional, como propuse. Me han echado tres senadores, me quedé sin cónsules en México, dijeron que María José Pizarro no puede estar en la mesa directiva del Senado y dicen que no hay persecución. Quieren tumbar los decretos”, afirmó Petro, al hacer una relación de fallos proferidos por las altas cortes, que han afectado su gobierno, entre ellos los decretos de emergencia social en La Guajira.
¿Qué pretende Petro al proponer una asamblea constituyente? ¿Qué hay detrás de la propuesta de Petro?
Propuesta de Petro de asamblea constituyente es un golpe de Estado
Más que una cortina de humo, que lo es, lo que Petro pretende con su propuesta de una asamblea constituyente es pisotear el Estado Social de Derecho. Lo suyo no es más que un golpe de Estado. Punto. En un sistema democrático –y Colombia aún lo es, aunque le duela a Petro– las ramas del poder público actúan de forma “armónica e independiente”.
Ello significa que todas las iniciativas de Petro, como cabeza del Ejecutivo, deben ser discutidas, tramitadas y aprobadas por el poder legislativo, encarnado en el Congreso de la República. De hecho, este mismo Congreso, al que Petro hoy desprecia y pretende propinarle un golpe de gracia, le aprobó la Reforma Tributaria, la Ley de Paz Total y el Plan Nacional de Desarrollo.
Este último es –ni más ni menos– la hoja de ruta de su gobierno. Ahí están aprobadas buena parte de las iniciativas que Petro y su gabinete –por incapaces y testarudos– no ha podido sacar adelante en el Congreso. Al parecer, ese “acuerdo nacional”, que incluía la mayoría de los partidos políticos en Colombia, sí le servía a Petro en ese momento.
Hoy –cuando sus reformas fracasan en el Congreso– Petro considera que “ya no es momento de un acuerdo nacional”. Así paga el diablo a quien bien le sirve, decían los abuelos.
Una asamblea constituyente de bolsillo y a la medida de Petro
Una asamblea nacional constituyente no es nada distinto a un “gran acuerdo nacional”. Es la suma de las voluntades de todo un país en torno a propósitos comunes de convivencia, solidaridad y bienestar general. Pero Petro pretende una asamblea constituyente a su medida, despreciando –como lo dijo en Cali– un “gran acuerdo nacional”.
En realidad lo que Petro pretende es una constituyente, como la tuvo Chávez en Venezuela, que le permitió hacer todo lo que quiso, incluyendo la expropiación de fincas, industrias y empresas. La misma que marchitó y desestimuló la propiedad privada en Venezuela. En realidad lo que Petro y los petristas quieren es imponer sus ideas, mediante la intimidación y la violencia, de ser necesaria.
Por eso amenaza con “el pueblo en las calles” y con “primeras líneas” destruyendo lo que encuentren a su paso. Por fortuna, ya está demostrado que el “pueblo en las calles” no es nada distinto a “la primera línea”, hoy más empoderada que nunca, después de que Petro se declarara integrante de la misma; y la “minga indígena”, también muy empoderada, después de que Petro y su ministro de Defensa, Iván Velásquez, depuraran la Fuerza Pública y el Ejército Nacional.
Obligación de la Fiscalía –la de Barbosa y la de Camargo– es investigar al hijo de Petro
No es gratuito que Petro deje abierta la posibilidad de una asamblea constituyente, justo después de que la Corte Suprema de Justicia eligiera a Luz Adriana Camargo como nueva fiscal General. En su discurso en Cali, Petro afirmó que el exfiscal Francisco Barbosa lo quería “meter preso”. Nada más alejado de la realidad.
Lo que está haciendo la Fiscalía –la de Barbosa y seguramente hará la de Camargo– es investigar el ingreso de dineros de todo tipo a la campaña de “Petro Presidente” en 2022, con base en las declaraciones de su hijo Nicolás Petro, quien reconoció que recibió dineros provenientes de Santa Lopesierra y ‘el Turco’ Hilsaca, durante dicha campaña.
Si esos dineros ingresaron o no a la campaña presidencial es algo que determinarán las autoridades, entre ellas las Fiscalía. Eso nada tiene que ver con pretender “tumbar” al presidente, como hábilmente lo presenta el hoy jefe de Estado. En medio de semejante investigación –que afectaría severamente el ejercicio presidencial del Petro– salió el mandatario con la propuesta de una constituyente, con el argumento falaz de que hay una “persecución en su contra”.
Que quede claro: la investigación de la Fiscalía compromete a su hijo Nicolás, quien fue quien reconoció haber recibido dineros de personas con gravísimos antecedentes penales: ‘el Hombre Marlboro’, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, y también de ‘el Turco’ Hilsaca, mencionado en múltiples escándalos de corrupción en Cartagena.
Por cuenta de ese asunto personal Petro pone en duda el diseño institucional del Estado colombiano. ¡Qué tal el talante democrático del presidente de los colombianos!
No es persecución, es exigencia del cumplimiento de la ley
Del Petro que juraba –ante Antanas Mockus y Claudia López como testigos– que no convocaría una asamblea constituyente no queda nada. Después de su anuncio de Cali, es evidente que el Petro modelo 2021 no tiene nada que ver con el Petro modelo 2024.
Aunque también es posible que se trate del mismo Petro, solo que el hoy presidente se quitó la máscara de demócrata y defensor de la Constitución de 1991. Aquel Petro –que presentó a los colombianos sus 10 mandamientos– juró respetar el Estado Social de Derecho, pero hoy lo desconoce, al pretender imponer una constituyente, pasando por encima del Congreso.
Aquel Petro, que juró “nombrar a los más capaces” durante su gobierno, nada tiene que ver con este Petro que se pasó por la faja los mínimos requisitos para nombrar funcionarios en cargos públicos, entre ellos los diplomáticos. ¡Qué tal Guanumen embajador en Chile! ¡Qué tal los embajadores y cónsules nombrados en Italia, México y Nicaragua!
Cuando el Consejo de Estado los obliga a renunciar, no es porque persiga a Petro, es porque le exige que nombre funcionarios idóneos en esos cargos. El Consejo de Estado le dice a Petro: no se burle de la ley, ni de los colombianos, nombre personas calificadas, que las hay en la carrera diplomática.
Para Petro eso es persecución y por ello anuncia una asamblea constituyente. ¡Qué tal su nivel de autocrítica y su vocación democrática!
