El Estado colombiano no solo no estaría cumpliendo el acuerdo de paz, sino que tampoco garantiza la vida de quienes combaten a los criminales y defienden los Derechos Humanos.

Mientras Gustavo Petro anuncia en la Casa de Nariño que irá a las Naciones Unidas a denunciar que el “Estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo de paz”, el orden público está desbordado a lo largo y ancho del país, por cuenta del comportamiento criminal de organizaciones con las que Petro quiere firmar la llamada “paz total”.

Ni la propia capital de la República se salva del caos generalizado que impera hoy en Colombia.

Al director de la cárcel La Modelo, coronel Élmer Fernández, lo asesinaron el pasado jueves en el norte de Bogotá, cuando se dirigía a su residencia. La orden de matarlo salió, al parecer, desde las celdas de la Modelo. El principal sospechoso –según las autoridades– es Pedro Nel Caro Triana, alias Pedro Pluma, condenado por el asesinado de varios policías, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, entre otros delitos.

En Miranda, Cauca, guerrilleros pertenecientes a las disidencias de alias Iván Mordisco, bajo el mando de alias John Maro, jefe de la columna ‘Dagoberto Ramos’, activaron una bomba que causó la muerte dos personas, entre ellas un menor de edad y dejó heridas a otras dos personas. Desde hace varios meses, el Cauca está sitiado por los delincuentes.

En el Meta, la gobernadora Rafaela Cortés clama al Gobierno nacional para que desplace un mayor número de soldados para que enfrenten a las disidencias y eviten así una mayor presencia guerrillera en todo el departamento. Hasta el momento, su clamor no ha sido escuchado ni por Petro, ni por el ministro de Defensa, Iván Velásquez. La gobernadora Cortés reiteró su negativa a recibir el colegio ‘Gentil Duarte’, construido por las disidencias de las Farc en los Llanos del Yarí, en “honor” a uno de los jefes guerrilleros desaparecidos.

En el Chocó, la también gobernadora Nubia Carolina Córdoba Curi aprovechó la visita de Petro a Bojayá, para suplicarle que no deje solo al departamento ante la arremetida de grupos guerrilleros y también del llamado Clan del Golfo. “En cinco meses no hemos recibido ni una sola visita, ni hemos tenido una sola reunión con el comisionado Otty Patiño, para reactivar la mesa de diálogos de paz. Nuestros jóvenes ya están perdiendo la esperanza”, le dijo la gobernadora Córdoba a Petro.

El asesinato de líderes sociales tampoco para. En lo que va del 2024 han sido asesinados en Colombia 60 líderes sociales, cifra muy superior a la de todos los años anteriores para la misma fecha. Jaider García Uribe –militante de Colombia Humana– se convirtió en líder social muerto más recientemente. García Uribe fue atacado a tiros cuando viajaba en su vehículo muy cerca de Puerto Triunfo, Antioquia, el pasado 4 de mayo. En el 2023 fueron asesinados en el país 181 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.

De manera que cuando Petro vaya a las Naciones Unidas a denunciar el incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos de paz firmados con las Farc, debería aprovechar para reconocer su propia incapacidad –como jefe del Estado colombiano– de garantizar no solo la paz, sino la vida de millones de colombianos que hoy están sometidos a la arremetida de las organizaciones criminales con las que quiere firmar la “paz total”.

Presidente, ¿los niños asesinados en Colombia por las disidencias no cuentan?

La muerte de un menor de edad en Miranda, Cauca, luego de que las llamadas disidencias de las Farc activaran una bomba, evidenció por enésima vez la nula voluntad de paz de esa organización criminal. “Sonó sabroso”, se le escucha decir a uno de los terroristas, luego de la explosión.

Petro debería saber que no solo en Gaza mueren menores de edad. En Colombia, por órdenes de delincuentes con los cuales negocia la llamada “paz total”, también son asesinados niños y niñas inocentes. Buena parte del departamento del Cauca –por desgracia– está bajo el control de los grupos criminales. Ellos son la autoridad. Son ellos quienes dicen a la población civil qué se puede hacer y qué no se puede hacer.

En estos momentos, por ejemplo, controlan Santander de Quilichao y Miranda, entre otros. ¿Este Estado pusilánime y cobarde, incapaz de enfrentar a quienes lo desafían desde la ilegalidad, comprometiendo la integridad y la vida de la población civil, que tiene la obligación de defender, también será denunciado por Petro ante la ONU? ¿Petro no es jefe de este Estado permisivo y claudicante?

Director de La Modelo, un asesinato anunciado

El coronel (r) de la Policía Élmer Fernández, director de la cárcel Modelo de Bogotá, sabía que lo iban a matar y lo mataron. El Estado no fue capaz de garantizar su vida, pues no tomó las medidas para evitar el crimen. El pasado 9 de mayo el coronel Fernández denunció ante la fiscalía general las amenazas que recibió, al salir de las instalaciones de la cárcel, por medio de dos sujetos que dispararon contra la pared del centro penitenciario.

Antes de huir, los individuos arrojaron dos panfletos que decían: “De parte de Pedro Pluma del 4to para el director que si vuelve a meter de requisa para el patio le mato a la familia”. El otro decía: “Para que vea que yo sí tengo poder y si me trasladan le mato a la familia”.

Pese a tan graves amenazas, nadie hizo nada para salvar la vida del coronel. Ni el Inpec, ni la Fiscalía, ni la Unidad de Protección. A la hora del crimen, ocurrido en el norte de Bogotá, el director de la cárcel Modelo se desplazaba en un modesto vehículo, sin blindaje y sin escoltas. Su esquema de seguridad era nulo.

Petro, como jefe del Estado, en su visita a la ONU también debería denunciar la desprotección en la que viven quienes –por el enorme riesgo que implica su trabajo– deberían ser protegidos por el Estado del cual Petro es su jefe. Punto.

Presidente, ¡escuche a las gobernadoras del Meta y Chocó!

Dos mujeres gobernadoras enfrentan delicadas situaciones de orden público en estos momentos. Se trata de dos valientes mujeres, quienes decidieron sacar adelante sus departamentos en medio del acoso violento de grupos armados ilegales.

Son ellas Rafaela Cortés (Meta) y Nubia Carolina Córdoba Curi (Chocó), quienes -ante el asedio de las organizaciones criminales- claman respaldo al gobierno de Gustavo Petro. La primera de ellas se puso al frente de la candidatura por la Gobernación del Meta, luego del asesinato de su esposo. Y ganó. Y está dando la pelea para que su departamento no sea controlado por los delincuentes, quienes cínicamente construyen escuelas, hospitales y carreteras con la plata del narcotráfico, el secuestro y la extorsión.

La gobernadora ha denunciado esta situación, pero el Gobierno nacional se hace el ciego, sordo y mudo. Mientras tanto la gobernadora del Chocó suplica a Petro que no deje solo al departamento ante la arremetida de los delincuentes.

Ojalá que Petro, como jefe del Estado, tome nota del clamor y actúe en

consecuencia. Tanto el Meta como el Chocó también hacen parte del Estado colombiano y por consiguiente es responsabilidad de Petro buscar soluciones a la crisis de orden público que atraviesan.

¿Quién les garantiza la vida a los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos?

La cifra de líderes sociales asesinados los primeros cinco meses del año es escalofriante: 60 hombres y mujeres, voceros de la comunidad y defensores de los Derechos Humanos han sido asesinados este año en Colombia.

El año pasado fueron muertos 181, otra cifra escalofriante. El caso más reciente es el de Jaider García Uribe, asesinado en Puerto Triunfo, Antioquia, el pasado 4 de mayo. Llama la atención que la muerte sistemática de líderes sociales hoy no sea noticia para quienes en gobiernos anteriores denunciaban –con toda razón– los crímenes de los voceros de la comunidad. Hoy no los cuentan y poco les importa su suerte.

Sería muy bueno que Petro en su visita a la ONU –donde piensa denunciar al Estado colombiano, por no querer cumplir con la paz– cuente qué protección les brinda a los líderes sociales del país. Como jefe del Estado colombiano, esa es una de sus obligaciones constitucionales. Punto.

La paz total no se puede alcanzar mientras no se combata con rigor a los grupos criminales y mientras no se garantice la vida de quienes enfrentan a los delincuentes, así como de quienes promueven la defensa de los Derechos Humanos desde las comunidades.