Una aclaración sobre con base en qué estudio técnico se le solicita a la CREG el concepto favorable para proceder a la toma de posesión de la empresa Air-e, es lo que está pidiendo la Procuraduría General de la Nación al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga.

El ente de control ha informado que este requerimiento se hace como parte de las funciones preventivas y de control de gestión en asuntos relacionados con la prestación del servicio de energía para conocer las posibles implicaciones económicas y de afectación del servicio para los usuarios en la Costa Caribe. 

A través de la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, el Ministerio Público preguntó sobre las fuentes de recursos a los que recurrirá la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para garantizar el servicio y el monto mensual de gastos necesarios para garantizar la prestación del servicio en el área de cobertura de Air-e. Adicionalmente, cuestionó cuál es el saldo por cobrar por concepto de la Opción Tarifaria.

La Procuraduría urgió información sobre los subsidios causados y aún no girados a la empresa con corte a agosto de 2024, y el comportamiento de los indicadores: pérdidas, recaudo, calidad del servicio (SAIDI y SAIFI).

Finalmente, el oficio recordó que la Procuraduría no coacciona ni coadministra, simplemente actúa como articuladora extendiendo recomendaciones y haciendo llamados al cumplimiento normativo legal vigente en las materias objeto de actuación, con el fin de que sean los actores quienes adopten las acciones necesarias para buscar soluciones a las situaciones existentes que podrían afectar la prestación de los servicios públicos en territorio.