La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a Rosa Irene Rosado Hernández, gerente de la Empresa Social del Estado (ESE) Centro de Salud Usiacurí – José María Ferez Farah del Atlántico, por su presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones, al decretar medidas cautelares dentro de un proceso coactivo, sin tener competencia ni facultades para ello.

Al parecer, la exfuncionaria habría ordenado el embargo de recursos parafiscales y la retención de los dineros depositados por la Nueva Empresa Promotora de Salud S. A.- Nueva EPS S. A. en cuentas corrientes, de ahorro, CDT, en bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, y compañías de financiamiento comercial, en todo el país, por más de 880 millones de pesos.

La entidad advirtió que aparentemente, Rosado Hernández desconoció la inembargabilidad de los recursos destinados al sistema general de seguridad social en salud, y manifestó que con su proceder el exgerente pudo transgredir, los límites de legalidad que le determinaban la Constitución, la ley y el manual de funciones, al parecer, vulnerando los principios de responsabilidad y moralidad de la función administrativa.

La Procuraduría calificó la posible conducta como falta grave cometida a título de culpa grave, y recordó que “el manejo de los recursos destinados a la prestación del servicio de salud, no puede depender de la voluntad de un servidor público, sino de las normas que previamente se establecieron para el buen funcionamiento del sistema de seguridad social en salud”.