En plena campaña electoral, el Gobierno de Petro fomenta la lucha de clases como principal bandera w ¿Qué hay detrás de la pelea con la Corte Constitucional y el Banco de la República?

En lugar de acatar y responder con cautela a las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional y la junta del Banco de la República, relacionadas con la suspensión provisional de la emergencia económica y el incremento de las tasas de interés, el Gobierno decidió emprenderla contra ambas entidades, blandiendo, como ya es costumbre, el manido discurso de la lucha de clases de ricos –“megaricos”– contra pobres.

Gustavo Petro, sus ministros y altos funcionarios se comportan como el dueño de la casa que le echa más gasolina al fuego, justo en momentos en que llegan los bomberos a tratar de apagar el incendio que causó de forma irresponsable.

Aunque el Gobierno nacional se encolerice, lo cierto es que los únicos culpables del desbarajuste institucional que vivimos son Petro y su equipo de gobierno. Nadie más. Ellos jamás entendieron cómo funciona el sistema de pesos y contrapesos en una democracia. De ahí que les cueste entender la independencia con que actúan las ramas Judicial y Legislativa, amparadas en la legalidad y la legitimidad de su existencia.

Lo mismo sucede con entidades autónomas del Estado, como la Junta del Banco de la República y el Consejo Nacional Electoral (CNE), también objeto de la ira desatada de Petro, quien considera que, por ser jefe del Estado, dichas entidades y quienes las integran son subordinados suyos. Nada más absurdo.

En lo que tiene que ver con la decisión de la Corte Constitucional de suspender de forma provisional la llamada emergencia económica, hay que decir que el alto tribunal actuó con sujeción a la ley y con responsabilidad. No hacerlo era exponer al país a un “daño superior”, con consecuencias irremediables para nuestra economía. De hecho, los magistrados así lo expresaron en su decisión, al suspender de forma provisional las medidas del Gobierno, amparado en la emergencia económica: “Era necesario para evitar la consolidación de efectos irreversibles, mientras se surte el control de los decretos”.

Los 6 magistrados que votaron por la medida –dos de sus colegas, ambos petristas, se apartaron del fallo mayoritario– actuaron con prudencia y –si se quiere– con sentido patriótico.

Argumentar que los magistrados están al servicio de los “megaricos del país”, como afirmó el ministro Benedetti en uno de sus múltiples videos, arroja un peligroso manto de duda sobre la probidad y la independencia de los togados. No es así como se fortalece el sistema democrático, ni es así como se defienden las políticas del gobierno.

En lo que tiene que ver con la decisión de la junta directiva del Banco de la República de subir 100 puntos básicos su tasa de intervención –quedó en 10,25 %–, la respuesta del Gobierno fue la descalificación del organismo. Ningún funcionario del Gobierno ahorró epítetos contra los miembros de la junta del Emisor.

La andanada oficialista llevó al gerente del Emisor, Leopoldo Villar, a justificar su decisión y dejar en claro las motivaciones de la misma: “Subir tasas es impopular y doloroso, pero permitió que la inflación en Colombia bajara de 13,4 % en el 2023 a cerca de 5 % en el 2024. Ahora buscamos que los aumentos nominales, como el del salario mínimo –23 %– no se diluyan con más inflación”.

Es decir, a Petro y algunos de sus funcionarios, como el ministro de Hacienda, Germán Ávila, lo que les disgusta es que la Junta del Banco de la República cumpla con la función principal que le asignó la Constitución Nacional: controlar la inflación.

¿Qué hay detrás de la reacción destemplada y agresiva del Gobierno Petro contra la Corte Constitucional y la Junta del Banco de la República?

Argumentar –como hace el Gobierno nacional– que detrás de las decisiones, tanto de la Corte Constitucional como de la Junta del Banco de la República, están los “megaricos” del país, que no dejan –según Petro– que los más pobres se beneficien, produce réditos electorales, pero es irresponsable y peligroso. A diferencia de Petro, ni los magistrados de la Corte Constitucional ni los miembros de la junta del Emisor están en campaña electoral.

Petro sí y tiene candidato propio –Iván Cepeda–, al que ayuda sin vergüenza alguna. Mientras Petro intimida y amenaza a quienes –desde las instituciones del país– tratan de poner freno a sus arbitrariedades, desafueros y excesos, Cepeda recorre el país “cobrando” las medidas populistas del gobierno que lo respalda. De esta manera, ellos son los “héroes” de la película y quienes actúan de forma responsable y prudente son los “villanos”. Bonito así. Por eso escucha uno todos los días a los ministros y altos funcionarios del Gobierno repetir, una y otra vez, que los “megaricos” no dejan gobernar a Petro, quien –según ellos– lucha por los pobres.

En el “choque de trenes” entre el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el gerente del Emisor, Leonardo Villar, por cuenta del incremento de la tasa en 10,25 %, quien actúa de forma responsable es la Junta del Banco de la República. Punto. Mientras Ávila obedece a Petro –que está en campaña por su “reelección en cuerpo ajeno” y con candidato propio–, Villar y sus compañeros de Junta deben controlar la inflación con mano dura.

Mientras Petro no hace el menor esfuerzo por apretarse el cinturón y gasta a borbotones, buscando votos para sus candidatos del Pacto Histórico, la Junta del Emisor debe actuar con responsabilidad para que el caballo inflacionario no se desboque. Mientras Petro solo piensa en las próximas elecciones –las de marzo y las de mayo–, el Banco de la República piensa en las próximas generaciones. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Al Emisor poco o nada le importa que sus medidas sean populares, que es lo que más le importa a Petro, porque sabe que de su popularidad dependen sus votos y los de su candidato.