La grave situación de orden público amenaza las elecciones de octubre y compromete la legitimidad de alcaldes y gobernadores.
Nunca antes Colombia había celebrado unas elecciones en medio de tanta incertidumbre y tanta inseguridad generalizada. Ni siquiera en la década de los 90 –la más violenta en la historia reciente– el país afrontó unas elecciones en medio de tanta zozobra. En estos momentos no hay una sola región o departamento con plenas garantías para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Es una realidad inocultable que en buena parte del país no están dadas las condiciones para celebrar elecciones en paz, como es el deseo de 50 millones de colombianos.
Preocupa y desconcierta que ni el presidente de la República, Gustavo Petro, ni el ministro de Defensa, Iván Velásquez, parecen entender la grave situación. Petro ni siquiera se tomó la molestia de atender a los gobernadores de la región Caribe el pasado viernes en la Casa de Nariño, quienes –entre otros temas delicados– pensaban suministrarle información de primera mano sobre la grave situación de orden público que atraviesa la región.
La procuradora general, Margarita Cabello; el fiscal general, Francisco Barbosa, y el defensor del pueblo, Carlos Camargo, entre otros altos funcionarios del Estado, han denunciado de diversas formas y en todos los tonos la grave situación que vive el país, sin que al Gobierno nacional el asunto le despierte algún tipo de interés, más allá de las frías y distantes condenas y lamentaciones oficiales.
Cuando empezó el gobierno de Gustavo Petro, hace más de un año, se pensó que la llamada paz total permitiría celebrar unas elecciones regionales en tranquilidad. Pero no ha sido así. La paz total terminó convertida en un “caos total”, como lo muestran las cifras de las últimas semanas. En efecto, los números son demoledores: 127 líderes sociales asesinados, 67 masacres y tres carrobomba activados. Además, el número de candidatos amenazados es creciente, así como la lista de quienes han tenido que renunciar a sus aspiraciones por todo tipo de intimidación. Entre julio y septiembre de este año, por ejemplo, las organizaciones criminales han realizado 340 acciones de terror en todo el país.
En medio del caos generalizado desconciertan las declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez, quien atribuyó las más recientes acciones de terror ocurridas en el suroccidente del país a un “sabotaje de la ultraderecha”. Esta afirmación fue desmentida por las propias disidencias de las Farc, a cargo del alias Iván Mordisco, quienes se atribuyeron el atentado en Timba, Cauca, al tiempo que anunciaban un cese de hostilidades, mientras se instala la mesa de negociación con el gobierno, el 8 de octubre. ¿En qué momento la paz total se convirtió en un caos total? ¿Qué debe hacer el gobierno de Gustavo Petro?
Cauca, ¿en qué momento el Estado perdió soberanía y control territorial?
“El departamento del Cauca ya no está bajo el control del gobierno”, fue la frase contundente y lapidaria que utilizó el magistrado Raúl Sánchez, integrante de la JEP, para resumir la grave situación de orden público que vive ese departamento, asediado por las organizaciones criminales, entre ellas las llamadas disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco. Esta organización criminal ha estado al frente del asesinato selectivo de ex militantes de las Farc, quienes se desmovilizaron después de negociar con el gobierno de Juan Manuel Santos.
Así quedó la escuela de Potrerito, Jamundí, después del atentado con carro bomba contra la estación de Policía del corregimiento. Afortunadamente no había estudiantes en las instalaciones. El colegio se suma a las cinco viviendas afectadas por la explosión. pic.twitter.com/cFnavwJaZE
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 22, 2023
La frase del magistrado Sánchez refleja la tragedia que viven los habitantes del Cauca, al ver cómo el Estado pierde presencia y dominio territorial, pues la fuerza pública ha sido incapaz de contener y someter a quienes de forma cobarde actúan al margen de la Ley contra la población civil. Es decir, en el Cauca el Estado no está en capacidad de garantizar la integridad y la vida de sus habitantes, como lo ordena la Constitución Nacional. Las Fuerzas Militares y de Policía están desbordadas por los criminales. Ni el presidente de la República, ni mucho menos el Ministro de Defensa, han sabido liderar y motivar a nuestros soldados y policías para que defiendan, hasta con su vida si es necesario, la soberanía territorial.
Región Caribe: ¿departamentos en manos de grupos criminales?
En la Región Caribe ningún departamento se salva de la grave alteración del orden público a pocas semanas de las elecciones. Desde La Guajira hasta Córdoba hay múltiples y crecientes denuncias de candidatos intimidados y amenazados por las organizaciones criminales y guerrilleras. Son estos bandidos los que “empadronan” y censan a los futuros votantes. Son estos grupos criminales los que “decomisan las cédulas” hasta el día de la elección. Son ellos quienes deciden por quién deben votar los electores. Son ellos los que obligan a candidatos a retirarse de la contienda. Todos estos asuntos gravísimos eran los que los gobernadores de la Región Caribe pensaban tratar con el presidente Petro el pasado viernes en la Casa de Nariño. Pero dicho encuentro no se realizó, porque 40 minutos antes -cuando los gobernadores ya estaban en Bogotá– los llamaron desde la oficina privada del Presidente para decirles que no los podía atender “porque había cancelado toda su agenda”. “Ese es el respeto que nos tiene el Presidente, así es como le preocupan nuestros asuntos”, me dijo uno de los gobernadores, molesto y furioso, luego del desplante presidencial. En el Cesar, La Guajira, Bolívar, Córdoba, Sucre y Magdalena, hay municipios donde solo pueden hacer proselitismo electoral quienes cuenten con el visto bueno de los grupos criminales. Punto. Lástima que Petro no haya querido escuchar los testimonios de los gobernadores de la Región Caribe para que conociera de primera mano la grave situación.
Catatumbo, Meta y Huila: el Eln y “disidentes” actúan a sus anchas
Así como el suroccidente y los departamentos de la región Caribe están siendo asediados por grupos guerrilleros y organizaciones criminales, otras zonas del país también parecen estar bajo control y dominio de organizaciones al margen de la ley. El Catatumbo, por ejemplo, es territorio controlado por el Eln, que secuestra comerciantes y cobra “impuestos”, como si se tratara del mismo Estado. En el Meta, su gobernador Guillermo Zuluaga está cansado de denunciar los abusos y atropellos de los guerrilleros contra ganaderos y comerciantes. Hay zonas de ese departamento donde no puede desplazarse. Igual sucede en Tolima y Huila, donde las elecciones se realizarán bajo la “supervisión” de los fusiles de los delincuentes. El Gobierno nacional tiene conocimiento de estos graves hechos, porque así lo han denunciado sus gobernadores en medios de comunicación en múltiples oportunidades. No es un asunto desconocido ni por el presidente, ni por el ministro de Defensa. Otra cosa muy distinta es que –conociendo los hechos– no hagan nada para solucionar la delicada situación.
¿Coletazo por golpes propinados o bonanzas de economías ilegales?
La explicación del presidente Petro sobre lo que está sucediendo no es suficiente, ni tampoco responde a la realidad de los hechos. Dice Petro que la arremetida de los grupos guerrilleros y las organizaciones criminales son “coletazos” producto de la ofensiva de la fuerza pública en su contra. Dicha ofensiva estaría afectando “sus economías ilegales”, según Petro. No hay tal ofensiva, ni tampoco están golpeando sus “economías ilegales”, puesto que los cultivos de coca siguen creciendo de forma exponencial, hasta el punto de que hoy existen unas 230.000 hectáreas sembradas de coca en todo el país, cifra que demuestra la bonanza que acompaña los cultivos ilícitos en tiempos de Petro.
Las otras “economías ilegales” tampoco se han visto afectadas: ni la minería ilegal, ni las extorsiones, ni los secuestros, todas ellas con indicadores desbordados. Así las cosas, no será fácil para la fuerza pública copar militarmente los territorios donde hay presencia de grupos guerrilleros y organizaciones criminales a pocas semanas de las elecciones regionales, como les ordenó Petro. Lo grave de todo es que una vez que se pierda el control territorial, como viene sucediendo en departamentos y regiones del país, perder el control político será mucho menos complicado. Ese es el riesgo que se corre al dejar que la paz total se convierta en el caos total. Punto.
