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Entre hoy martes y mañana miércoles, la suerte del proceso judicial relacionado con presunta compra de testigos y fraude procesal que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez quedará sellada. Estos días serán determinantes para el destino legal del exmandatario

 

La jueza 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Laura Barrera, será la encargada de leer la decisión sobre si acepta o no los argumentos presentados por la fiscalía general de la Nación para cerrar la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuestamente influir en los testigos y cometer fraude en el proceso legal.

En resumen, el proceso se refiere a las acusaciones contra el expresidente Uribe de buscar testigos para negar las acusaciones de estar involucrado con grupos paramilitares. Supuestamente, se les ofrecieron incentivos a cambio de que declararan en contra del senador Iván Cepeda.

El argumento de la Fiscalía para solicitar la preclusión es que no hay pruebas que demuestren que el exsenador haya planeado o dado órdenes para presionar a los testigos, ofrecerle beneficios judiciales o dinero a cambio de declarar en contra del senador Iván Cepeda.

En agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó que el expresidente quedara bajo arresto domiciliario debido a sospechas de presionar a un testigo llamado Juan Guillermo Monsalve, a través del abogado Diego Cadena y del exrepresentante Álvaro Hernán Prada.

Cuando el caso pasó a la jurisdicción ordinaria, un juez confirmó las acciones realizadas por la Corte Suprema, excepto la medida de arresto, lo que llevó a la liberación de Uribe.

Expertos y abogados familiarizados con el caso fueron consultados por el periódico El Tiempo para analizar los posibles escenarios legales que podrían surgir para el expresidente Uribe, dependiendo de la decisión de la jueza Barrera.

Según el penalista Jesús Albeiro Yepes, hay dos posibilidades principales. En primer lugar, la jueza podría aceptar la solicitud de la Fiscalía de precluir las dos conductas investigadas, como lo ha solicitado en dos ocasiones el ente acusador. O bien, la jueza podría solicitar la preclusión parcial, únicamente para uno de los delitos.

La decisión de la jueza podría llevar a diferentes resultados, como la preclusión de ambas conductas, la preclusión parcial de una de ellas o incluso la posibilidad de tomar otras decisiones.