El ‘ventilador’ de Sneyder

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¿Quiénes hacen parte de la lista de funcionarios del gobierno y congresistas corruptos que entregará el ex subdirector de la Ungrd Sneyder Pinilla?  

No puede el presidente Petro pretender lavarse las manos en el más grande y grave asunto de corrupción que compromete a su gobierno. La presunta participación de altos funcionarios de la Casa de Nariño en la repartición de miles de millones de pesos para lograr la aprobación de leyes fundamentales para el gobierno del Pacto Histórico es demasiado grave como para que Petro se quede en meros discursos incendiarios en plaza pública y en anuncios fútiles que de poco servirán en la lucha frontal contra la corrupción.

Gustavo Petro, como máximo beneficiario de la alianza electoral que lo llevó a la Presidencia, debe no solo poner la cara, sino asumir la responsabilidad política que se derive del delicado asunto, que compromete multimillonarios recursos que debían destinarse a la lucha contra la pobreza en La Guajira, mediante la compra de carrotanques para llevar agua potable a las comunidades indígenas más vulnerables de la Península.

El contrato para cumplir con ese propósito tuvo un valor de $48.000 millones y fue adjudicado a empresas sin ningún tipo de experiencia, ni mucho menos músculo financiero. De esos recursos habría salido la plata para sobornar a congresistas para que aprobaran las leyes del gobierno, según el relato de Sneyder Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).

El retiro de Sandra Ortiz, alta Consejera Presidencial para las Regiones, y de Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia –¡ni más ni menos!– los dos altos funcionarios del gobierno implicados en el escándalo hasta el momento, no es suficiente para apagar el monumental incendio que comenzó a arder en el Congreso, pero que llegó hasta el propio palacio presidencial.

Ya se habla de ministros comprometidos en la criminal operación de repartir los multimillonarios recursos. Hacen bien la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello Blanco, en asumir con diligencia y urgencia las investigaciones que permitan llevar las indagaciones hasta las últimas consecuencias.

“En mi gobierno, todo el que llegue a robar se va”, declaró Petro en Neiva, tratando de apagar el fuego, mientras todo el país se enteraba de como el ex subdirector Ungrd contaba por separado a los periodistas Vicky Davila (Semana) y Daniel Coronell (La W), los pormenores de cómo se fraguó el mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro, quien ganó la Presidencia, precisamente, con la bandera de combatir la corrupción.

Según Pinilla, por instrucciones de su jefe inmediato Olmedo López, ex director de la Ungrd, repartió personalmente $4 mil millones a Sandra Ortiz y al presidente de la Cámara, Andrés Calle. Al hoy presidente del Senado, Iván Name, le habrían entregado $3 mil millones a través de Ortiz, quien, al parecer, los recibió de las propias manos de Pinilla. Calle habría recibido $1.000 millones del entonces subdirector de la Ungrd, quien está a la espera de negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía.

Tanto Name como Calle –y la propia Ortiz– han negado cualquier participación en los gravísimos hechos denunciados por Pinilla. Los tres anunciaron acciones penales contra el ex subdirector de la Ungrd, quien denunció que teme por su vida. Mientras tanto la fiscal Luz Adriana Camargo, que debe no solo debe asumir la investigación, sino brindar plenas garantías a Pinilla para que cuente todo lo que sabe, pidió “prudencia” en el manejo del espinoso asunto.

¿Qué papel jugaron los protagonistas del mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro? ¿A quién creerle? ¿Qué debe hacer el Presidente Petro?

Corrupción en la propia Casa de Nariño

En su discurso en Neiva, el viernes pasado, donde entregó maquinarias para arroceros de escasos recursos del Huila, Petro declaró que conoció de “funcionarios sobre los cuales hay fuertes indicios de corrupción en el gobierno del cambio”. Se refería a Sandra Ortiz y Andrés Idárraga, cuya renuncia solicitó de forma irrevocable. Pero el asunto es mucho más complicado, puesto que ni Ortiz ni Idárraga son funcionarios de segundo nivel, ni simples aparecidos en el gobierno nacional. Ambos hacían parte del círculo más cercano de colaboradores de Petro. Se trata de funcionarios de su absoluta confianza.

La oficina de Idárraga está en el mismo piso del despacho presidencial. ¿Cómo llegaron allí? ¿Quién los recomendó? A esos cargos de tanta responsabilidad no se accede por recomendación de terceros. ¿Quién o quienes de las “entrañas de Petro” se los recomendó? El embrollo no se soluciona ahora “desmarcándose” de ellos o “achacándoselos” a un sector del Partido Verde, aliado del gobierno, como pretenden petristas pura sangre.

Tanto Ortiz como Idárraga tendrán que explicar ante la Fiscalía su actuación, así como suministrar las identidades de todos aquellos que habrían hecho parte del criminal entramado. Ante la gravedad de los hechos su retiro del cargo por solicitud presidencial no es suficiente. Punto.

Name y Calle tendrán que rendir cuentas

Tanto Iván Name, como Andrés Calle, llegaron a las presidencias del Senado y de la Cámara por gobiernistas, uno más que otro. Ninguno hizo campaña contra la voluntad de Petro y sus aliados. De hecho, Calle promovió abiertamente la candidatura presidencial de Petro –aún en contra de la voluntad del jefe del Partido Liberal, César Gaviria– tanto en Córdoba, su departamento, como en el resto del país. Su hermano Gabriel aspiró a la Gobernación de Córdoba con el respaldo del petrismo. Name, aunque desde la presidencia del Senado le ha marcado distancia al gobierno, durante la campaña jamás se mostró abiertamente “antipetrista”.

Más allá de sus destemplados discursos para la “galería”, que lo hacen ver como opositor del gobierno, lo cierto es que a la hora de la verdad, Name ha ayudado al gobierno, como sucedió cuando le cedió la presidencia del Senado a la gobiernista María José Pizarro para que presidiera la sesión plenaria donde se aprobó la reforma pensional. ¿Por qué el “opositor” Name se apartó ese día de la Presidencia del Senado? ¿A qué obedeció esa sorpresiva decisión? ¿De haber presidido la plenaria el “opositor Name”, el resultado habría sido el mismo?

Niños de La Guajira siguen muriendo de hambre y sed

Lo más triste y doloroso del “ventilador de Sneyder” es que los multimillonarios recursos que se habrían utilizado para sobornar funcionarios del gobierno y congresistas debían destinarse para ayudar a los niños más pobres de La Guajira, así como a las comunidades indígenas más vulnerables. La plata que se utilizó para comprar funcionarios y congresistas salió del sobreprecio de la compra de los carrotanques para distribuir agua potable en las rancherías de la Alta Guajira. Tanto Olmedo López, como Sneyder Pinilla, aparecieron sonrientes en videos anunciando los logros del “gobierno del cambio”.

Mientras tanto los niños guajiros siguen muriendo de hambre y sed. ¡Qué tristeza y qué dolor! Funcionarios y políticos indolentes traficando con la tragedia del pueblo guajiro. ¿Quiénes más hacen parte de ese empresa criminal? Tanto López como Pinilla tienen la obligación de revelar las identidades de todos los involucrados, sea quien sea y caiga quien caiga, si en algo quieren resarcir el daño causado. Mientras ello no ocurra, el gobierno de Petro no podrá seguir enarbolando la lucha contra la corrupción.

¿Combatir la corrupción rodeado de corruptos? ¡Imposible!

¿Qué hacer contra la corrupción? En Colombia se da por cierta una cifra que indicaría el monto de la corrupción en el país: 50 billones de pesos perdería Colombia cada año por cuenta del robo continuado en todas las instancias del Estado. ¡Se trata de una monstruosidad! Y puede que la cifra se quede corta, porque en Colombia cada día salta un escándalo de tal magnitud que supera al anterior. Cada desfalco es por miles de millones de pesos y cada coima viene acompañada por varios ceros a la derecha. El “ventilador de Sneyder” es, pues, otra perla en ese interminable collar de saqueo constante al Estado colombiano.

Petro –que dijo que la iba combatir– terminó envuelto por ese vergonzoso y nauseabundo collar. Pero la verdad sea dicha: era muy difícil que ello no ocurriera, por una sencilla razón: nadie –mucho menos un Presidente– puede decir que combatirá la corrupción si se rodea de corruptos. Si para ganar, transó con bandidos, ¿cómo hará para después combatirlos? Hoy todos sus anuncios de creación de “tribunales anticorrupción” suenan vacíos y carecen de credibilidad. ¿La razón? Petro mejor que nadie sabía que no podía poner ratones a cuidar el queso. Y lo hizo.