Otra de las fuentes a las que tuvo acceso la Fiscalía también habría hablado de posibles ataques al ex comandante del Ejército general retirado Eduardo Zapateiro y la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

Aunque el Eln desmintió su posible participación en un atentado al fiscal General, lo cierto es que si algo caracteriza a ese grupo guerrillero es su desproporcionada capacidad de mentir. Por esa misma razón, que el comisionado Rueda haya dado pleno crédito a las palabras del Eln, mientras ponía en tela de juicio la información recopilada por la Fiscalía, causó indignación y sorpresa al fiscal Barbosa.

“Uno no puede ser tan imbécil de atribuirse un hecho como este”, declaró Barbosa, cuando los periodistas lo abordaron para conocer su opinión sobre la negación del Eln sobre su presunta participación en el atentado.

Al comisionado Rueda parece que se le olvida que él representa al Estado colombiano en la negociación con el Eln y que ello incluye, por supuesto, a la Fiscalía General, por muchas que sean sus diferencias con el fiscal Barbosa. Su obligación –en este caso– no era otra que la de llevar este grave asunto a la mesa de negociación y advertir sobre sus consecuencias, en caso de que la información recibida sea ratificada. Pero no lo hizo. Prefirió desestimar las denuncias de la Fiscalía y descalificar al fiscal.

La paz es un asunto de Estado. Punto. No es un asunto de gobiernos de turno, por más que sean los gobiernos quienes negocien. Y por ser un asunto de Estado, todas las instituciones deben ser incluidas en los diálogos o negociaciones, mucho más si se trata de la Fiscalía, que debe diseñar políticas criminales o de sometimiento y también encargarse de suspender órdenes de captura, entre otras decisiones.

Está visto que a algunos gobiernos los fiscales acuciosos –o críticos de las negociaciones– les fastidian. Pasó con Néstor H. Martínez en tiempos de Juan M. Santos y pasa ahora con Francisco Barbosa en tiempos de Petro. En cambio los “fiscales amigos” de los diálogos, como Eduardo Montealegre, también con Santos, son objeto de todo tipo de halagos y de encuentros largos y distendidos en la Casa de Nariño.

Es un error considerar la paz como un asunto de gobierno y no de Estado. Hace bien el presidente en escuchar con atención las denuncias del fiscal y hace mal el comisionado al pretender desestimarlas. El Gobierno tiene la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la integridad y la vida del fiscal y la de su familia.

“El fiscal intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el Eln”, declaró el grupo guerrillero en un comunicado. El comisionado Rueda le dio pleno crédito a la versión del Eln y se sumó de inmediato a las voces de quienes creen que el fiscal Barbosa es un “saboteador” del proceso.

La experiencia indica, sin embargo, que quienes han mentido por décadas, una y otra vez, son los jefes del Eln. Por cuenta de sus actos de terror y de sus innumerables mentiras los colombianos ya no les creen. El Eln niega los secuestros, puesto que –según ellos– lo suyo son las “retenciones”. El Eln niega el “reclutamiento de menores”, puesto que según ellos, los niños y niñas que entran al Eln lo hacen de forma voluntaria. El Eln niega los crímenes que comete, hasta que las autoridades les demuestra –con pruebas– que fueron ellos quienes realizaron los actos de terror. ¿Pruebas? El atentado al Centro Comercial Andino de Bogotá. Tan responsable es de ese ataque que Violeta Arango Ramírez, alias Violeta, una de las detenidas por su participación en el atentado al Andino, terminó en la mesa de diálogos de La Habana, como gestora de paz. De manera que aquellos que siguen creyéndoles a los jefes del Eln con los ojos cerrados, es porque piensan y actúan con el deseo. Y eso –cuando se trata de altos funcionarios del Estado, que negocian con ese grupo guerrillero– es muy grave, porque se puede pasar de la ingenuidada la complicidad.