El gobierno de Gustavo Petro insiste en quitar acciones a la procuraduría con nuevo proyecto, de igual manera, se buscaría que la entidad no intervenga en procesos penales de manera ordinaria.
El gobierno de Gustavo Petro está tratando de reducir las responsabilidades de la Procuraduría a través de un nuevo proyecto. También, quieren que la Procuraduría no tenga un papel común en casos penales.
Esta iniciativa surge como respuesta a una larga disputa entre el Gobierno de Petro y la Procuraduría, que ha visto reducidas sus facultades sancionatorias desde que Petro asumió la presidencia. El proyecto se fundamenta en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó a Colombia por la destitución que ordenó en su momento el entonces Procurador Alejandro Ordóñez contra Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá.
El proyecto, que consta de 15 páginas, ha generado un debate intenso en el ámbito político y ha encontrado oposición por parte de la Fiscalía, la Defensoría y la misma Procuraduría. En su concepto, se establece que la Procuraduría es una autoridad administrativa y, por lo tanto, no debería tener la capacidad de imponer medidas como suspensiones, inhabilidades y destituciones a funcionarios elegidos en urnas.
Una de las limitaciones que se plantea en el texto es que la Procuraduría no intervenga en procesos penales de manera ordinaria. Esto significa que el gobierno pretende restringir el papel de la Procuraduría en la supervisión y control de los procesos judiciales relacionados con delitos penales. En lugar de ello, la Procuraduría podría tener menos influencia o jurisdicción en este tipo de asuntos.
“Su objetivo es ajustar las competencias constitucionales de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República a fin de proteger la democracia representativa, cumplir las obligaciones internacionales del Estado Colombiano en materia de derechos políticos y fortalecer la Rama Judicial del poder público”, dicta el concepto en mención.
El siguiente paso de esta discusión sería en el Congreso. En ese recinto el proyecto tendría que pasar por ocho debates, lo que exige la norma para los articulados que pretenden reformar la Constitución.
