Mientras anuncia recorte presupuestal en la Rama Judicial, que le ha tumbado algunas de sus leyes, el Gobierno nacional sigue dando ejemplo de mucho derroche y poca austeridad.
Fiel a su talante evasivo, que no solo no admite errores, sino que se los achaca a los demás, el presidente Gustavo Petro la emprendió contra la Corte Constitucional luego de su fallo que prohíbe la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables, artículo que hace parte de la reforma tributaria que el Congreso le aprobó al gobierno el año pasado.
Mientras Petro anunciaba –a regañadientes– que acataba el fallo, le ordenaba al ministro de Hacienda que comenzara a pasar las tijeras por las tres ramas del poder público, incluyendo, obviamente, la Rama Judicial, que en buena hora decidió declarar inexequible el artículo incluido en la tributaria, contra la voluntad de muchos expertos, quienes advirtieron sobre lo que sucedería en el alto tribunal. Pero ni Petro, ni su entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, escucharon las voces de alerta.
De manera que la culpa de que la Corte Constitucional declarara inexequible un artículo que se sabía que era contrario a la Constitución no es del alto tribunal, sino del propio presidente, quien de forma terca y contra toda evidencia, insistió en incluir dicho artículo, solo porque quería pasarle una cuenta de cobro a las empresas petroleras, gasíferas y carboníferas del país, a quienes ha señalado en múltiples ocasiones de ser las culpables de la “extinción de la humanidad”, por encima, inclusive, de la mismísima cocaína.
Pero Petro no solo anunció recortes a las tres ramas del poder público, sino que sostuvo que por cuenta del fallo los niños pobres del país no podrán tener escuelas, ni hospitales, porque la decisión de la Corte compromete el futuro de la política social del gobierno. Obviamente que se trata de un argumento falaz, cínico y perverso. Falaz, porque la afectación por cuenta del fallo sería del orden de 3,5 billones de pesos, mientras que el gobierno tiene a su disposición una reforma tributaria que supera los 20 billones, la más alta en la historia del país.
El fallo de la Corte Constitucional obliga al gobierno –eso sí– a apretarse el cinturón y ser más austero en el gasto y menos derrochador de los recursos públicos. Podría, por ejemplo, meterle mano –o inclusive desmontar– el Ministerio de la Igualdad, que sigue sin mostrar –en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez– la necesidad imperiosa de su creación.
Los nombramientos en los cinco viceministerios que componen ese ministerio, así como la falta absoluta de resultados, demuestran que el único afán del gobierno era tener una nómina frondosa que le permitiera nombrar a cientos de sus seguidores y electores. Hasta el momento, el Ministerio de la Igualdad no pasa de ser un embeleco que nos cuesta a los colombianos más de 500.000 millones de pesos, cifra que está por encima de los ministerios de Justicia y de Ciencia y Tecnología.
Pero el argumento de Petro también es cínico, porque en lugar de reconocer su testarudez en la aprobación de un artículo a todas luces inexequible, considera que quienes deben responder por las consecuencias del fallo son las altas cortes y no el gobierno que no escuchó en su momento las voces de advertencia.
Y es perverso porque los niños pobres del país se seguirán muriendo de hambre y desnutrición no por cuenta del fallo, sino del propio gobierno que no ha sido capaz de diseñar una política pública sería, sólida y eficaz que garantice los derechos de los más vulnerables.
La perversidad del gobierno lo lleva a señalar a otros para que sean ellos quienes paguen los platos rotos de su ineptitud y su ineficacia.
Mañana vendrán los ataques directos a las sedes de los “malos”, según Petro, quien olvida que cada señalamiento o perfilamiento suyo se traduce casi que de inmediato en agresiones físicas o aniquilamiento en redes sociales.
La defensa de Petro del consumo de drogas y su “guerra” contra el petróleo
Para Petro la culpa de la “extinción de la humanidad” la tienen las empresas petroleras, mineras y gasíferas del mundo. Así lo ha expresado en múltiples escenarios, incluyendo la asamblea de las Naciones Unidas, donde sostuvo sin sonrojarse siquiera que –más que la cocaína– los grandes enemigos de la humanidad son las multinacionales petroleras.
De hecho, mientras promueve un cambio en la política antidrogas, que incluye la legalización del consumo de la cocaína, no ahorra esfuerzos en descabezar a quienes mueven la economía mundial. Es decir, lo suyo contra el sector minero-energético es una obsesión. Y dicha obsesión lo llevó a mantener el parágrafo del artículo 19 de la ley 2277 del 2022 (Reforma tributaria), aún a sabiendas de que no pasaría la revisión de la Corte Constitucional.
Cuando se trata de continuar con su cruzada contra empresas minero-energéticas, a Petro lo mueve la pasión, no la razón. Por ello no escucha ningún argumento que contraríe sus creencias. En el caso colombiano, por ejemplo, ignora que Ecopetrol tuvo ganancias el año pasado del orden de los 159,5 billones de pesos, el 10,9 por ciento del PIB, unos 1,463,8 billones de pesos.
Un gobierno bueno para pedir plata, pero muy malo para ejecutar recursos
Contrario a lo que pregona, a Petro le gusta tener la plata en los bancos. No de otra forma puede explicarse el muy pobre nivel de ejecución del presupuesto por parte de los ministerios y distintas entidades del gobierno nacional, incluyendo la propia Presidencia de la República.
En agosto pasado les dio un ultimátum de un mes a sus ministros para que ejecutaran los presupuestos que tenían guardados en cuentas bancarias, pero los resultados no fueron los esperados. Conclusión: el gobierno es bueno para pedir plata, pero es muy malo para invertirla. Si se carece de estudios técnicos focalizados y de políticas públicas consistentes, es más la plata que se derrocha que la que se aprovecha. Punto.
De manera que en lugar de pedir más plata, lo que debería hacer es ejecutar muy bien la que ya tiene en los bancos por cuenta de la reforma tributaria del año pasado. Petro no quiere más plata para invertir en sectores sociales vulnerables, como argumenta por cuenta del fallo de la Corte Constitucional, sino para derrochar en iniciativas improvisadas y carentes de soportes técnicos y legales que las justifiquen.
Ministerio de la Igualdad, ¿en qué se han invertido los 500.000 millones?
Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, después de Honduras. La brecha social en el país es creciente. Estamos perdiendo la guerra contra la inequidad. Esa fue una de las razones que llevó a Petro a prometer la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad en cabeza de Francia Márquez. De hecho, esa fue una de las condiciones que puso Márquez para aceptarle el ofrecimiento de ser su fórmula vicepresidencial.
La creación de ese ministerio generó una gran expectativa nacional. Pero hasta el momento ha sido más el ruido que los resultados. Dicho ministerio tiene un presupuesto de más de 500.000 millones de pesos y los logros no se ven.
Lo único que trasciende del ministerio de la Igualdad es el nombramiento de funcionarios –incluyendo viceministros– sin el cumplimiento de los mínimos requisitos. ¿En lugar de anunciar retaliaciones contra la Corte Constitucional por “tumbarle” uno de los artículos de la reforma tributaria, no sería mejor que Petro reconsidere la utilidad de un ministerio de en poco o nada ha contribuido en cerrar la brecha social del país?
Menos sesgo ideológico y más solidez jurídica en iniciativas del gobierno
En lugar de asumir sus errores, producto de su sectarismo y carencia absoluta de autocrítica, Petro anuncia venganzas. Mal haría –sin embargo– en desquitarse contra quienes “tumban” sus leyes. La Corte Constitucional “tumbó” el paquete de decretos incluidos en la declaración de emergencia económica y social de La Guajira, por ejemplo, sencillamente porque carecían de sólidos soportes jurídicos.
El mensaje de la Constitucional en aquella oportunidad fue muy sencillo: haga bien su tarea. En esta oportunidad –una vez más– en lugar de reconocer que hizo mal su tarea, Petro la emprende contra la Constitucional: “la Corte privilegia las ganancias de los privados. Se pasó el dinero que iba a la educación, la salud y la transferencia energética a convertirse en pura utilidad de las multinacionales del carbón y el petróleo”. Petro cree que con sus fallos, la Corte Constitucional “le regala impuestos a gente muy poderosa económicamente”, en lugar de admitir que su sesgo ideológico y su testarudez están privando al país de sacar adelante reformas sociales que se requieren con urgencia.
