¿Qué hacer con alcaldes y gobernadores, como Daniel Quintero y Carlos Caicedo, que dejaron tirados sus cargos para hacer campaña electoral?
Tanto el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, como el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, ambos gobiernistas, tomaron la decisión de dejar tirados sus cargos a los que accedieron por voto popular.
Abandonar los cargos de elección popular sin haber cumplido sus periodos es no solo un irrespeto con los electores, algo que –por lo visto– poco les importó, tanto a Quintero como a Caicedo, sino también una burda y grosera trampa a la ley. Es –como diría Antanas Mockus– buscar un atajo para violar las normas que prohíben a los funcionarios públicos, en especial los elegidos por voto popular, participar en política.
Tanto Quintero como Caicedo tenían, como alcalde y gobernador, candidatos de sus entrañas. El primero tiene como candidato a la Alcaldía de Medellín a Juan Carlos Upegui, primo hermano de su esposa, Diana Osorio, mientras que el exgobernador Caicedo tenía como candidata a la Alcaldía de Santa Marta a su mismísima hermana, Patricia Caicedo. Es decir, eran alcalde y gobernador no solo con “candidatos propios”, sino con evidentes conflictos de intereses. En esas condiciones, ¿qué garantías tenían quienes competían contra los candidatos de Quintero y Caicedo?
En el caso de Caicedo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inhabilitó la candidatura de su hermana por considerar que su estrecho vínculo familiar con la aspirante a la Alcaldía de Santa Marta configuraba una flagrante violación a las normas electorales, lo que hacía inviable dicha candidatura. No obstante, para el ahora exgobernador Caicedo la decisión del máximo tribunal electoral del país es un atentado contra la democracia y obedece a una persecución política. Así lo expresó en su carta de renuncia al cargo ante el presidente de la República, Gustavo Petro.
De manera que más allá de un comportamiento irrespetuoso con sus votantes, que depositaron en ellos su confianza, dejar tirados los cargos de elección popular constituye también burdos y torpes esguinces a las normas que se han creado para hacer más transparente la contienda electoral. Son –por supuesto– también comportamientos inmorales y antieticos.
Una de las razones por las cuales la Constitución Nacional prohíbe la participación electoral de los funcionarios públicos elegidos por voto popular es la posible “utilización de bienes y recursos del Estado para favorecer campañas electorales”. Alcaldes y gobernadores son ordenadores del gasto, lo que significa que tienen a la mano una jugosa chequera con la que pueden favorecer a sus candidatos, en detrimento de sus contendores. Es decir, por cuenta de dicha participación en política no sería una competencia en igualdad de condiciones.
¿Qué hacer ante esta situación que se ha presentado y que se podría seguir presentando en el futuro? ¿Qué sanciones podrían imponerse a quienes dejen sus cargos tirados para hacer campaña electoral a favor de sus candidatos? Veamos.
En juego los multimillonarios recursos de los 500 años de Santa Marta
Al próximo alcalde de Santa Marta y gobernador del Magdalena les corresponderá la celebración de los 500 años de Santa Marta en julio del 2025. Nada más y nada menos. Será el gran acontecimiento nacional e internacional. Tanto la ciudad como el departamento tirarán la casa por la ventana, con inversiones y obras multimillonarias. Eso es lo que está en juego en estos momentos. Se trata de una chequera sin antecedentes.
La pelea es por quiénes administrarán unos 12 billones de pesos y quiénes aparecerán en la foto cortando la cinta de las nuevas obras. Una de esas obras es el acueducto de Santa Marta, que después de 500 años sigue sin ser una realidad. Que la ciudad más antigua de Colombia y una de las más hermosas del país no tenga acueducto es una vergüenza. Punto. Ni antes de Caicedo, ni después de Caicedo. El nuevo acueducto ya tiene aprobado, mediante vigencias futuras, un presupuesto de 1.6 billones de pesos.
Pero mientras esa obra es una realidad, los samarios siguen padeciendo la desgracia eterna de no tener acueducto. En sus tres administraciones consecutivas Caicedo tampoco cumplió esa promesa.
Daniel Quintero: multiplicando rechiflas por todo el país
Daniel Quintero salió de la Alcaldía de Medellín –la segunda ciudad del país– por la puerta de atrás. Un lánguido final para un lánguido funcionario. Quintero llegó a La Alpujarra peleando y así se fue. Camorrero hasta el final. La suya fue una administración para olvidar. Cuando sintió que la Procuraduría General empezaba a respirarle en la nuca salió despavorido de la Alcaldía para ponerse a hacer de frente lo que venía haciendo por debajo de la mesa: campaña a favor de su candidato, Juan Carlos Upegui, un exfuncionario gris y servil, apenas para manejarlo a su antojo.
Tres años y nueve meses duró Quintero en la Alcaldía de Medellín y en ese tiempo se ganó la desaprobación del 72 % de sus habitantes. Apenas el 23 % se declaró satisfecho con su gestión y el 76 % le tiene desconfianza. Al momento de su renuncia se peleaba hombro a hombro con Jorge Iván Ospina, de Cali, el dudoso honor de cuál de los dos era el alcalde más despreciado del país. En su ambición y su deseo de “exportar” sus ideas progresistas, Quintero decidió respaldar candidatos a alcaldías en otras ciudades y departamentos. Hoy lo rechiflan por igual en Cartagena y Montería. Al parecer el único que sigue firme con él es el presidente Petro, que lo podría premiar con un ministerio o una embajada.
Se van del puesto pero quedan con todo el poder de alcaldías y gobernaciones
Las renuncias de Quintero a la Alcaldía de Medellín y de Caicedo a la Gobernación del Magdalena, contrario a lo que se piensa, no solucionan el problema de los alcaldes y gobernadores participando en política. Todo lo contrario: lo agrava mucho más. ¿Qué sentido tiene que se vayan los alcaldes y gobernadores a hacer política con sus candidatos protegidos, mientras quedan en sus puestos todos los funcionarios de sus administraciones obedeciéndoles sus órdenes? ¿Podrá un secretario de Hacienda decirle que no a quién lo puso en ese puesto? ¿Podrá un funcionario de cualquier nivel desconocer una orden, sabiendo que proviene de quien hasta hace unas pocas semanas era su jefe y sabiendo, además, que su puesto depende de quién podría ser su próximo jefe, sea alcalde o gobernador? ¿Hay algún funcionario en la Gobernación del Magdalena –o en la Alcaldía de Medellín– dispuesto a jugarse su puesto ignorando una orden proveniente de Caicedo o de Quintero?
Es urgente y necesario tomar medidas en este asunto y una de ellas podría ser darle más herramientas a la Procuraduría General para que proceda con mayor prontitud y drasticidad a la hora de sancionar a estos funcionarios, que no solo no honraron su palabra, sino que –después de idos de sus cargos– podrían seguir manejando los hilos del poder de las administraciones que dejaron tiradas.
