En efecto, el presidente decidió quitarse la careta para defender su proyecto político, sin importarle mucho que la ley se lo impida, puesto que en su calidad de jefe del Estado está obligado a brindar garantías a todos los candidatos y no solo a quienes defienden los postulados del Pacto Histórico. Es decir, Petro y sus aliados decidieron –ellos sí– pasarse la ley por la faja.
Lo malo de que el presidente de la República se pase la ley por la faja es que el mal ejemplo cunde y por consiguiente sus aliados políticos se sienten autorizados en ciudades y departamentos para cometer todo tipo de desafueros y abusos en contra de sus contendores. “Si Petro lo hace por qué yo no”, piensan sus aliados en las regiones.
Presidente Gustavo Petro. FOTO: Cortesía Presidencia. | Foto: Cortesía PresidenciaEl comportamiento de Petro no ha causado sorpresa puesto que ya había dado señales de “correr la línea ética” en materia de participación en política en Bogotá, donde decidió –en plena época electoral– “tomarse” varias localidades para promover sus programas sociales, que –¡oh sorpresa!– son los mismos del candidato Gustavo Bolívar, su gran amigo y escudero.
Pero lo que ocurrió en Montelíbano, Córdoba, desbordó todos los límites del decoro y las buenas costumbres por parte de un presidente de la República. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que Petro realizó en ese municipio un evento masivo de los llamados “Gobierno escucha”, al que asistieron múltiples invitados, entre ellos Andrés Calle, oriundo de esa población y presidente de la Cámara de Representantes. Además, es hermano de Gabriel Calle, candidato a la Gobernación de Córdoba, con el respaldo del Partido Liberal y una fracción importante del partido de La U, que sigue las orientaciones del exsenador Musa Besaile, así como de amigos del también exsenador Bernardo ‘el Ñoño’ Elías. Ambos terminaron presos por parapolítica y corrupción relacionada con Odebrecht. A Calle también lo respalda el Pacto Histórico, que “descabezó” la candidatura de una petrista de pura cepa, Angélica Verbel, para respaldar al hermano del presidente de la Cámara, cuya militancia en el Pacto Histórico había sido nula hasta el momento. Verbel renunció a su candidatura el pasado 18 de octubre.
Nada de lo que ocurre en Córdoba es desconocido por Petro, quien no solo es oriundo de ese departamento, sino que se mantiene enterado de primera mano de todo lo que allí ocurre por cuenta de amigos y familiares, entre ellos su hijo Nicolás Petro, envuelto hoy en el escándalo de la financiación de la campaña de su padre a la Presidencia.
Es evidente que todo el evento de Montelíbano sirvió como un poderoso espaldarazo del Gobierno a la candidatura del hermano del presidente de la Cámara, quien se comporta como un “obediente peón” del Ejecutivo en el Congreso a la hora de respaldar sus reformas. Calle no ofrece ningún tipo de garantías a quienes no solo se oponen a las iniciativas oficiales, sino a quienes creen que pueden hacerles modificaciones para mejorarlas. “El comportamiento de Calle como presidente de la Cámara es una vergüenza”, me dijo un senador del Centro Democrático a quien indagué por las garantías que ofrecía el presidente de la Cámara de Representantes.
¿Participa o no el presidente de la República en política, en abierto desacato a las leyes electorales? ¿Qué hacer ante este comportamiento abusivo por parte del jefe del Estado?
¿Quién ronda al presidente de la República? ¿Quién pone freno a los abusos presidenciales?
No había terminado Petro de bajarse de la tarima en Montelibano cuando el candidato a la Gobernación de Córdoba, Gabriel Calle, empezó a sacarle jugo electoral a la visita presidencial. El hermano del presidente de la Cámara de Representantes no ahorró trinos para decir que de la mano del Gobierno nacional harían realidad todos los sueños de los habitantes del departamento. Calle habló de lo beneficiosa y poderosa que resultaría la alianza del futuro gobernador con el Gobierno nacional.
Todo ello en momentos en que el Congreso de la República acaba de aprobar el presupuesto más ambicioso en la historia del país: más de 500 billones de pesos, buena parte de ellos para “obras en las regiones”. Con esa chequera jugosa es muy fácil hacer campaña y ofrecer lo humano y lo divino. Mucho más si el candidato o su hermano aparece en la foto al lado del presidente de la República. Ante este abuso presidencial es bueno preguntarse: “Al presidente, ¿quién lo ronda?” ¿Alguien vigila los desafueros presidenciales? ¿La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes funciona? ¿Sirve para algo o también la maneja Calle a su antojo?
“Un líder no debe generar espacios de división”: Orlando Benítez, gobernador de Córdoba
Uno de los asistentes al evento de Montelíbano que se quejó por el trato que recibió por parte de Petro fue el gobernador Orlando Benítez, máxima autoridad del Departamento. Petro no lo dejó hablar. Punto. Lo llevó al evento, lo sentó en la mesa principal y lo puso a escuchar su perorata por horas, sin darle oportunidad de que expresara sus inquietudes sobre los planes del gobierno para Córdoba.
“No le queda bien a un líder venir a generar espacios de división. El presidente no quiso escuchar la voz del gobernador de Córdoba. Lo que uno espera de un gobierno democrático es posibilitar el uso legítimo de la palabra a representantes elegidos popularmente y que ejercen funciones de autoridad territorial”, declaró el gobernador –molesto y aburrido– después del desaire presidencial. Es decir, Petro no solo irrespetó a la máxima autoridad de Córdoba, sino qué oficio abiertamente de jefe de debate del candidato Gabriel Calle, hermano del presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, su obsecuente y sumiso aliado en el Congreso de la República.
Petro, para variar, garrote a Barranquilla
En su periplo electoral por la región Caribe –después de superar con éxito un delicado “raspón” en su rodilla derecha, que lo mantuvo alejado de toda actividad pública por seis días– el presidente Petro llegó a Barranquilla el pasado viernes. Al igual que sucedió en Montelíbano, Petro no desaprovechó la ocasión para hacer política electoral, esta vez no a favor de sus candidatos, sino en contra de las administraciones consecutivas que no solo convirtieron a Barranquilla en un modelo nacional, sino que lograron transformar la ciudad.
A Petro “esa Barranquilla” no le gusta, le duele verla próspera y con visión de futuro. Por eso se despachó, como todos lo esperaban: “En Barranquilla tenemos muchos ladrillos y edificios lindos, pero tenemos mucha hambre en los barrios pobres”, sostuvo Petro en su discurso. Nadie desconoce que Barranquilla, como todas las ciudades del país, tiene grandes retos en materia social, entre ellos la superación de la pobreza. No obstante, de forma mezquina y grosera, Petro desconoce los avances de la ciudad en la lucha contra la desigualdad.
Desconoce, por ejemplo, que Barranquilla es hoy por hoy la ciudad del país con mejor seguridad alimentaria, donde el 86 por ciento de los hogares consume las tres comidas al día. No lo dicen funcionarios de la Alcaldía o amigos del Gobierno distrital. Lo dice uno de los estudios más recientes de Pulso Social del Dane, entidad que le rinde cuentas al propio Petro. Pero quedó comprobado una vez más que, con tal de darle garrote a Barranquilla, Petro desconoce hasta sus propios estudios.
100 municipios del país en grave riesgo electoral
Pero mientras Petro recorre el país haciendo campaña a sus candidatos, buena parte del territorio nacional está a merced de los delincuentes, que actúan con absoluta impunidad. El secuestro está disparado. En El Banco, Magdalena, familiares y autoridades siguen sin saber del estado en que se encuentra el odontólogo Juan Carlos Bayter, secuestrado la semana pasada. La extorsión también está descontrolada en campos y ciudades. Tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría General denunciaron que más de 100 municipios del país presentan un “alto riesgo electoral”. Es decir, son municipios donde las elecciones del próximo 29 de octubre corren peligro.
El Gobierno nacional lo sabe y no ha hecho absolutamente nada para evitar esa delicada situación. La Fuerza Pública parece desbordada por la situación y quienes desde la Policía Nacional tenían asignada la responsabilidad electoral fueron retirados de la Institución por orden del Gobierno nacional. ¿La razón? El Gobierno no ha dado explicación alguna.
