El manejo de los 1,7 billones de pesos por parte del gobierno durante la emergencia invernal deberá ser objeto de extrema vigilancia para evitar corrupción y derroche.

Por cuenta de la emergencia invernal que se vive en buena parte del país, incluyendo la Región Caribe, el gobierno de Gustavo Petro declaró la “situación de desastre nacional”, con el fin de poder atender la grave calamidad. La medida regirá por 12 meses, prorrogables por un periodo igual, si así lo considera el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. Amparado en esta figura de carácter extraordinario, el gobierno nacional podrá disponer -a discreción- de multimillonarios recursos, sin tener que rendir cuentas sobre su manejo y disposición. No tendrá que informar sobre su uso, ni su destinación. Ni tampoco someterse a los controles legales y constitucionales contemplados cuando se trata de medidas ordinarias.

En el caso de la crisis invernal que vive el país, se trata -ni más ni menos- de la nada despreciable suma de 1,7 billones de pesos, que serían utilizados para afrontar la primera fase de la emergencia, según anunció el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo. ¿Qué piensa hacer el gobierno nacional con esos recursos? ¿De dónde los obtendrá? ¿Quiénes serán los beneficiarios?

Todas las anteriores preguntas son pertinentes y oportunas, dado el vergonzoso y bochornoso espectáculo protagonizado por Olmedo López y Sneyder Pinilla, cuando estuvieron al frente la UNGRD, en calidad de director y subdirector, respectivamente. Ambos fueron nombrados apenas empezó el gobierno de Petro. En el caso de Olmedo López -aunque Petro hoy lo llama “bandido”- se trata de una persona muy cercana al mandatario, quien -inclusive- lo respaldó en la lista de los “decentes”, cuando aspiró al Congreso.

Aunque Petro pretende desmarcarse del escándalo del pago de sobornos en la UNGRD, lo cierto es que cada día se conocen nuevos protagonistas, nuevos hechos y nuevas decisiones que tienen que ver con el “Olmedogate”. Las más recientes son la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General a la ex consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, así como el llamado a indagatoria a varios senadores por parte de la Corte Suprema de Justicia, quienes habrían tenido que ver con el trámite y aprobación de leyes en las que el gobierno tenía particular interés.

Con tan grave precedente es apenas natural que los colombianos exijan conocer sobre el destino final de cada peso invertido para afrontar la crisis invernal. Disponer de 1,7 billones de pesos por 12 meses prorrogables, sin ninguno tipo de control y en época electoral, es demasiado riesgoso, sobre todo si -como está visto en el caso de López y Pinilla- algunos funcionarios del gobierno no son precisamente ejemplos de pulcritud en el manejo de los recursos públicos.

La “danza de los millones” que se dispuso para “afrontar la crisis social y económica de La Guajira”, no puede repetirse. Tanta plata robada, despilfarrada y derrochada es un crimen. Los miles de millones de pesos que -según López y Pinilla- se repartieron para “aceitar” congresistas con el fin de sumarlos a la causa del gobierno salieron de nuestros bolsillos. Allá están sepultados por la maleza los camiones que supuestamente llevarían agua potable a las rancherías. Toda esa plata se la robaron.

El pago -al parecer- de multimillonarios sobornos por parte de López y Pinilla, entre otros, a los presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, demostrarían hasta dónde ha llegado la corrupción en el gobierno.

¿Qué hacer para vigilar el uso y destinación de los 1,7 billones de pesos que dispondrá el gobierno en la fase inicial por cuenta la “situación de desastre nacional”?

De acuerdo con la Ungrd, en la actualidad hay 952 municipios afectados por el invierno y cerca de 2.000.000 de damnificados. Se trata –sin duda– de una emergencia que requiere de una oportuna respuesta por parte del Gobierno nacional. Pero la atención de municipios y damnificados no puede estar sujeta a la voluntad discrecional del gobierno, sino a la gravedad de la situación. Punto.

¿Cuáles municipios recibirán atención prioritaria? ¿Los amigos del Pacto Histórico? ¿Qué atención recibirán aquellos municipios y ciudades cuyas administraciones no tienen afinidad política con el gobierno nacional? Hace poco tiempo –por ejemplo– el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su malestar porque el gobierno de Petro seguía indiferente ante la crisis invernal que vive la capital antioqueña.

Sería muy grave que un gobierno, como el de Petro, que “pasa cuentas de cobro” a quienes no participan de su proyecto político, utilice la “situación de desastre nacional” para favorecer a sus amigos y perjudicar a sus contradictores. Pretender sacar réditos políticos y electorales en medio de la tragedia invernal sería una demostración de indolencia y de cinismo reprochable desde todo punto de vista.

De acuerdo con las investigaciones, tanto de la Fiscalía General como de la Corte Suprema de Justicia, la Ungrd, en tiempos de López y Pinilla, comprometió recursos por más de $228.000 millones. De ellos más de $7.000 millones fueron destinados a pagar coimas y sobornos a congresistas para que “ayudaran” al gobierno. Así lo reconocieron tanto López como Pinilla. Y por esos mismos hechos la Fiscalía acaba de imputar cargos a la ex alta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.

De acuerdo con la Fiscalía, Name habría recibido 3.000 millones –por intermedio de Ortiz– y Calle 1.000 millones, que habrían sido repartidos “conforme a instrucciones que le dio Carlos Ramón González”, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Por todo ello, es que se requiere la extrema vigilancia tanto en la obtención como en la destinación de los 1,7 billones de pesos que serían utilizados en la primera fase de la atención de la emergencia invernal. ¿Quién hará seguimiento de esos recursos? ¿A quién rendirá cuentas el gobierno de los miles de millones de pesos que manejará durante los 12 meses iniciales que durará la “situación de desastre nacional”?

Tener plena autonomía para el manejo de multimillonarios recursos por parte del Gobierno, en tiempos en que las “ollas están raspadas”, requiere no solo de vigilancia extrema, sino de absoluta pulcritud. Es por ello que cada peso que se invierta debe estar acompañado de sólidos soportes y de incuestionable justificación.

En el caso de La Guajira, por ejemplo, el anuncio de la construcción de una pista de aterrizaje en la Alta Guajira, requiere de mucha transparencia. ¿Tiene sentido invertir más de $550.000 millones en la Alta Guajira cuando los niños del departamento se siguen muriendo de hambre y desnutrición? ¿En pleno desastre invernal se justifica destinar tanto dinero solo por cumplir un capricho presidencial?

Si el gobierno no tiene plata, como sostiene el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para ‘vender’ la anunciada reforma tributaria, ¿qué sentido tiene derrochar $550.000 millones en una “pista internacional” en la Alta Guajira? La tragedia invernal y social de La Guajira no puede seguir siendo utilizada como “caja menor” o “fuente perversa de recursos” para enriquecer a aquellos corruptos que trafican con el dolor de sus habitantes.

Las decisiones de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de los decretos expedidos el año pasado por el gobierno, durante la “emergencia social y económica de La Guajira”, fueron objeto de duros reproches por parte de Petro. Ninguno de los 13 decretos expedidos por el gobierno resistió el análisis de constitucionalidad del alto tribunal. Esos fallos desataron la ira presidencial, quien no dudó en enfilar baterías contra los magistrados.

Petro cree que todo es posible “si el pueblo lo ordena”. Ocurre, sin embargo, que en un Estado Social de Derecho existe la separación de poderes y opera el sistema de pesos y contrapesos, que permiten el control y vigilancia entre las distintas ramas. En esta oportunidad, la Corte Constitucional –al igual que los organismos de control– deberán ser vigilantes y acuciosos en el cumplimiento de su mandato constitucional.

Después de la amarga experiencia de la Ungrd, quedó demostrado que dejar en manos de un gobierno carente de pulcritud, improvisador y laxo más $1,7 billones, en tiempos electorales, es demasiado riesgoso. Para evitar ese derroche de recursos y su mala utilización, toda medida que se tome será poca.