Con la medida de clausurar los basurales, puntos críticos o botaderos ilegales a cielo abierto que afectan la salud pública, el medio ambiente y ponen en riesgo la seguridad aérea por la presencia de aves carroñeras en el municipio de Soledad, el Tribunal Administrativo del Atlántico acogió la solicitud presentada por la Procuraduría General de la Nación.
Se ordenó al municipio de Soledad, la Empresa de Servicios Públicos – Interaseo y al Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad, Atlántico, intervenir, clausurar y erradicarlos de manera definitiva y total.
En la acción popular instaurada, el ente de control acreditó la afectación de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación y restauración, particularmente, en lo referente al impacto que genera en la comunidad la proliferación de puntos de disposición de basuras y residuos sólidos a cielo abierto.
La Procuraduría evidenció que la existencia de esos vertederos de basura ilegales afecta no solo a los moradores de los sectores cercanos a los mismos, sino también la seguridad de la navegación aérea, y la integridad de pilotos, tripulación y pasajeros de las aeronaves, debido a la proliferación de aves de carroña en los alrededores del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz que impiden que las operaciones aéreas se lleven a cabo con normalidad.
¿Cuáles serán erradicados?
En cumplimiento de lo sentenciado por el Juzgado Segundo Administrativo de Barranquilla, que fue confirmado por el Tribunal Administrativo del Atlántico, las entidades accionadas deberán cumplir con el cierre de los botaderos La Concepción, Cachimberos, Ómar Pérez, la Vuelta del Diablo, San Vicente 1 y 2, Frente Delta, Frente Delta 2 y 3, lote detrás de Granabastos, lote detrás del Club de Leones, y cualquier otro basural colindante con el área de influencia del aeropuerto, en los términos dispuestos en la ley y las normas ambientales.
También se ordenó la construcción de una escombrera o sitio específico para la disposición final de los residuos de construcción y demolición y, al mismo tiempo, la formulación un plan de manejo ambiental.
Adicional se deberán reestablecer los derechos e intereses relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente, la seguridad y salubridad públicas, y el acceso a los servicios públicos invocados en la acción popular interpuesta por el Ministerio Público.
