Aumentar el costo del transporte del gas en la región Caribe, como recomienda un estudio del grupo Vanti de Bogotá a la Creg, sería funesto para millones de hogares y atentaría contra el desarrollo regional.
Como si no existieran razones suficientes para salir a marchar hoy en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, que afectan de forma grave a la región Caribe, ahora se suma una que podría comprometer no solo la competitividad de nuestros departamentos, sino la propia supervivencia de millones de familias costeñas, que hacen parte de la población más vulnerable del país.
En efecto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) publicó la semana pasada para comentarios y observaciones la circular número 020 del 2024, que se refiere al estudio realizado por el grupo Vanti de Bogotá, sobre el análisis “costo-beneficios de agregar tramos regulados del sistema de transporte nacional (SNT)”, documento que fue preparado por la Universidad de Los Andes de Bogotá.
El estudio del Grupo Vanti de Bogotá, preparado por la Universidad de Los Andes y publicado por la Creg, relacionado con la integración de las tarifas de transporte de gas, lo que propone es pasar de tarifas por distancia entre los campos de producción de gas y los puntos de consumo a una tarifa única nacional.
Esta modalidad significa –sin dudarlo un segundo– una estocada a la productividad de la región Caribe y un mazazo a millones de hogares de la Costa. ¿Por qué razón? Porque la tarifa promedio del gas pasaría de 1.18 usd/kpc a 2.09 usd/kpc, lo que significaría un incremento cercano al 77 por ciento en la tarifa del transporte del gas.
Para decirlo en plata blanca: si nos estamos quejando –con razón– de las impagables tarifas de energía eléctrica en la región Caribe, ahora tendríamos que empezar a quejarnos del incremento que se daría en las tarifas de gas, que son las únicas que hasta el momento se han mostrado amigables con los hogares de la región Caribe, en especial con los más vulnerables, como es el caso de los estratos 1 y 2.
Pero así como las tarifas de gas natural de la región Caribe se incrementarían de forma exagerada, por cuenta de las recomendaciones del grupo Vanti de Bogotá a la Creg, las tarifas del interior del país se reducirían también de manera exagerada, puesto que pasarían de un promedio de 2.70 usd/kpc a uno de 2.09 usd/kpc. Es decir, tendrían una reducción del 23 por ciento.
¿Qué tal la gran paradoja y la gran injusticia? Mientras los departamentos productores de gas de la región Caribe tendrían que pagar las tarifas más caras del país, los del interior –que no lo producen– serían premiados con una reducción significativa de sus tarifas, todo por pretender establecer una tarifa única nacional, que solo beneficiaría a quienes se encuentran a miles de kilómetros de los puntos de producción de gas.
Ante esta situación delicada y grave para el desarrollo y el bienestar de la región Caribe, la pregunta es: ¿dónde está nuestra clase dirigente? ¿Qué dicen los congresistas del Bloque Caribe? ¿Van a seguir aplaudiendo como focas las decisiones del gobierno de Gustavo Petro que atentan contra la región Caribe? ¿Qué dicen los alcaldes y gobernadores de la región Caribe?
Un golpe a la yugular de los más pobres de la región Caribe
Llama la atención la ligereza con la que el grupo Vanti de Bogotá presentó el estudio de la Universidad de Los Andes a la Creg. Sus debilidades son protuberantes y evidentes. Con razón el aluvión de críticas y observaciones a la circular de la Creg.
¿Cuál es el impacto que tendrá la medida –de implementarse– en la demanda de gas en la región Caribe? ¿Cómo afectará la capacidad de pago de los usuarios, en especial los más vulnerables, que son los más beneficiados hasta el momento con el servicio? ¿Cómo se verían afectados los subsidios? ¿Cuál sería el incremento de los mismos? Además, es evidente que mayores precios de gas para las industrias de la región Caribe significaría el cierre de fábricas y el posible desplazamiento masivo de industrias a zonas con tarifas de gas mucho más amigables, como sería el caso del interior del país.
En otras palabras: la medida traería más desempleo, más pobreza y menos desarrollo para la región Caribe. ¿Es eso lo que quiere el Gobierno nacional?
Una tarifa única para consumidores de gas es un despropósito
El tema regulatorio es muy importante y también fue ignorado por el estudio presentado por Vanti de Bogotá a la Creg. La regulación vigente no está diseñada para integrar la infraestructura de transporte de gas en su totalidad. ¿Cómo sería su funcionamiento? ¿Cómo serían los cambios regulatorios que requiere la estampilla o la unificación tarifaria? Son muchas las preguntas en este sentido. En la medida en que ninguna de ellas tenga respuesta, su impacto es mayor en un sector muy sensible para la economía del país.
El sentido común indica –por ejemplo– que un habitante de La Guajira no puede pagar la misma tarifa por el gas extraído en Ballena o Chuchupa, que el consumidor del interior del país, que está a miles de kilómetros del sitio donde se extrae. De establecerse una tarifa única, el consumidor del gas de La Guajira vería incrementarse hasta cinco veces el valor de la tarifa. De manera, que pretender una tarifa única, como propone el grupo Vanti de Bogotá, es un despropósito, sin duda alguna.
Una medida que empobrecería a los más pobres y beneficiaría a los más pudientes
Pero el mayor impacto que tendría la propuesta de Vanti de Bogotá para la Creg –en caso de materializarse– sería en la población más vulnerable de la región Caribe. Es decir, los más pobres serían los más afectados con esta medida. Y ello es así porque el 80 por ciento de los usuarios del gas natural en la región Caribe pertenecen a los estratos 1 y 2.
Los grandes beneficiados con el servicio son los que tienen mayores carencias económicas. La masificación en la prestación del servicio terminó beneficiando a los hogares más necesitados de la Costa. En el interior del país el número de usuarios de los estratos 1 y 2 que se benefician del gas natural es mucho menor. Es decir, la medida proyectada por Vanti terminaría empobreciendo aún más a los pobres y beneficiando a quienes tienen mayores ingresos.
La “revolución del gas natural” en la región Caribe, producto de políticas públicas responsables, así como del esfuerzo de un sector productivo visionario y con sentido social, podría recibir un durísimo golpe si propuestas como la del grupo Vanti a la Creg salen adelante. La región Caribe como un solo cuerpo debe cerrar filas para que ese tipo de iniciativas no prosperen.
¡Mucho cuidado: No prendan un fósforo al lado de un barril de pólvora!
La clase dirigente de la región Caribe –en especial quienes hacen parte del Bloque Caribe, independientemente de su militancia política o su ideología– debe asumir una posición unificada a la hora de oponerse a la propuesta del grupo Vanti de Bogotá a la Creg, en lo que tiene que ver con las tarifas del gas. No es hora de posturas tibias o de “doble discursos”. Ya está bueno de decir una cosa en los micrófonos y en las redes sociales y hacer otra muy distinta a la hora de asumir posturas ante el gobierno nacional. ¡Ya está bueno de engaños! Punto.
La clase política no puede tomar decisiones en contra de la inmensa mayoría de la población. El 65 por ciento de la generación térmica del país se encuentra en la región Caribe y ella funciona con gas. Ese hecho –entre muchos otros– debe llevar a todos los congresistas de la región Caribe a decirle a la Creg que se olvide del estudio del grupo Vanti de Bogotá y que se ponga a trabajar en serio para rebajar las tarifas de energía eléctrica, que siguen subiendo sin parar. Considerar siquiera la posibilidad de aumentar las tarifas de gas en la región Caribe en estos momentos es tanto como prender un fósforo al pie de un barril de pólvora. Mucho cuidado.
