Por cuenta del crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones criminales, varias zonas del país están bajo su dominio y control.
Poco tiempo después de abandonar la Presidencia de la República en 1904, el expresidente José Manuel Marroquín pronunció una de las frases más cínicas que se conozca en la historia de Colombia: “Yo no sé de qué se quejan, si recibí un país y entregué dos”. El exmandatario se refería a la separación de Panamá, después de la Guerra de los Mil Díaz, luego de la intervención directa de Estados Unidos, país que terminó pagando una indemnización de 25.000.000 de dólares a Colombia para resarcir en parte el “daño causado”. Lo cierto es que Marroquín –reconocido por ser vago y mal poeta– tenía razón: recibió un país y entregó dos.
Pues bien, a Gustavo Petro podría pasarle algo muy parecido, solo que en lugar de devolver dos países, como Marroquín, podría entregar tres o más, todos ellos en manos de organizaciones narcotraficantes y criminales, quienes libran en estos momentos una guerra sin cuartel por quedarse con el control territorial. En todas estas guerras el Estado colombiano es el gran ausente. Nuestras Fuerzas Militares decidieron –¡vaya uno a saber por qué razón!– no combatir, motivo por el cual la población civil se encuentra sometida y sitiada, en medio del fuego cruzado de las organizaciones criminales.
La llamada pomposamente “Paz total” de Petro es un absoluto fracaso: ni es paz, ni mucho menos total. No hay en todo el territorio nacional un solo lugar donde se pueda vivir con tranquilidad. Ni uno solo. La Región Caribe –desde La Guajira hasta Córdoba– se la disputan todas las organizaciones criminales, entre ellas el Eln, en diálogos con el Gobierno, y el Clan del Golfo, en guerra contra el mismo gobierno.
Por otra parte, la Región Nororiental –incluyendo el Catatumbo y la frontera con Venezuela– es escenario de una cruenta confrontación bélica entre el Eln, las disidencias de las Farc y el propio Clan del Golfo, grupos criminales que se disputan la hegemonía territorial, así como las multimillonarias ganancias que generan el narcotráfico y la minería ilegal.
Las regiones Suroccidental y Suroriental –incluyendo Valle del Cauca, Cauca y Nariño– están sometidas por el llamado Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia de alias Iván Márquez. Son estos grupos criminales los que mandan en esos territorios. Son ellos quienes ordenan desalojar a los soldados de nuestro Ejército Nacional y son quienes intimidan y sacan corriendo nuestros policías.
Si para algo ha servido la “Paz Total” de Petro es para fortalecer las organizaciones criminales, que han sabido sacar provecho de la generosidad del gobierno. Estudios, como el de la Fundación Conflict Responses (Core), entre otros, muestran el crecimiento de estos grupos criminales, tanto en número de combatientes, como en expansión territorial. Varios de ellos están llegando hoy a territorios donde antes no tenían presencia, o esta era mínima.
¿Por qué se ha perdido el control territorial durante la Paz Total de Gustavo Petro? ¿Dónde están nuestras Fuerzas Militares y de Policía? ¿Quién defiende a la población civil?
Mientras todo el territorio nacional está siendo disputado por las organizaciones criminales, ante la asombrosa pasividad de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, se pasea orondo por todo el país, conversando con alcaldes y gobernadores, así como con antiguos delincuentes, sobre las bondades de la paz total.
¿Lo hace en calidad de qué? ¿Alto Comisionado de Paz “alterno”? ¿Delegado presidencial con plenas facultades para negociar acuerdos? ¿Simple ciudadano, sin ninguna prerrogativa distinta a la de cualquier particular? ¿Qué les ofrece Juan Fernando Petro a alcaldes y gobernadores? ¿A qué se compromete con las organizaciones al margen de la ley y qué pide a cambio? Quién debe despejar todas estas dudas es su propio hermano, el presidente, que deberá decir qué papel juega Juan Fernando Petro en estos momentos, después de tantos escándalos, entre ellos el que tiene que ver con el llamado ‘Pacto de La Picota’. Que Petro –presidente– explique las andanzas de su hermano. Punto.
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, lleva varias semanas diciéndole al Gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, que el sur de Bolívar está siendo objeto de una salvaje disputa entre grupos criminales, cuyas consecuencias las está pagando la población civil. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, unas 3.000 personas –cerca de 900 familias– han sido desplazadas por la guerra que libran estos grupos al margen de la ley.
En esta zona se produjo una “alianza estratégica” entre el Eln y el Estado Mayor Central de Iván Mordisco, quienes unieron fuerzas para enfrentar al Clan del Golfo. Todo ello teniendo como grandes víctimas a los campesinos de la zona. ¿Y el Ejército y la Policía dónde están? Ausentes.
Las veces que han querido intervenir han sido atacados por los grupos criminales, quienes les han causado varias bajas. Conocedores del territorio y de las Fuerzas Militares sostienen que en varias oportunidades las tropas reciben órdenes de no bombardear, ante la posibilidad de que existan menores en los campamentos donde están los delincuentes.
No obstante, informes de inteligencia, previamente realizados, descartarían esa posibilidad. La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, también alertó al Gobierno nacional sobre el propósito del Clan del Golfo de ejercer control y dominio territorial en su departamento. ¿Qué responden Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez?
Informes de inteligencia de las Fuerzas Militares indican que el Eln está utilizando los diálogos con el gobierno de Petro para fortalecerse militar y políticamente. ¿Alguien se sorprende? Nadie. Desde que se desmovilizaron las antiguas Farc –en tiempos de Juan Manuel Santos– el Eln no ha dejado de crecer. Hoy tienen más hombres y más frentes que antes.
No solo coparon los territorios abandonados por las Farc –ante el fracaso del Estado por hacerlo, como era su obligación–, sino que consolidaron antiguos territorios, como la Serranía de San Lucas en Bolívar y el Catatumbo en Norte de Santander. De igual manera, hoy tienen más presencia en universidades, según dichos informes. Mientras el gobierno celebra con alborozo el anuncio del Eln de suspender los secuestros –lo mínimo que debió hacer antes de sentarse a negociar– sus combatientes disputan el territorio con otros criminales.
La combinación de todas las formas de lucha –sentarse a dialogar mientras crecen militarmente– es una vieja práctica de los grupos guerrilleros en el mundo. ¿Está el gobierno dispuesto a aceptar estas condiciones del Eln a cambio de mantener la negociación? Solo sus negociadores lo saben.
El Eln dirá: si no podemos secuestrar, ni extorsionar, de dónde vamos a sacar los recursos para mantener la “guerrillerada”, sino es de nuestros otros “negocios”: narcotráfico y minería ilegal.
Cauca y Nariño: ¿ganaron los narcotraficantes?
Digamos las cosas como son: tanto las “disidencias” de Iván Mordisco, como la Nueva Marquetalia de Iván Márquez son organizaciones narcotraficantes, que usan el disfraz de grupos guerrilleros.
Hace rato que dejaron de ser insurgentes. Lo suyo es el narcotráfico, que les genera miles de millones de pesos al mes, así como la minería ilegal. Por cuenta de estas “toneladas de millones” que reciben a diario es que pueden mostrar su cara amable, que los lleva a “construir carreteras y repartir cuadernos y útiles escolares con los rostros de Tirofijo y el Mono Jojoy”, a quienes muestran en sus “escuelas” como héroes. Son estos grupos criminales los que controlan el territorio. Son ellos quienes utilizan las vías de Cauca y Nariño para sacar la cocaína a los mercados internacionales.
Y las Fuerzas Militares y la Policía, ¿dónde están? Acoquinadas, arrumadas y asustadas en los cuarteles. Esa es la triste realidad. Punto. Los colombianos presenciamos, atónitos, frustrados y furiosos, las escenas de nuestros soldados y policías teniendo que salir humillados de los batallones, ante la posibilidad de ser linchados por los pobladores de municipios controlados por grupos criminales.
