¿Qué efectos tendrán los anuncios del presidente de nacionalizar carreteras y eliminar el soat?
Ya no sorprende que cada vez que Gustavo Petro se refiere al sector productivo nacional lo hace con el dedo acusador como principal arma. Cada anuncio suyo, en lo que tiene que ver con quienes generan empleo y riqueza en el país, viene acompañado de un señalamiento contra los “oligarcas” o “esclavistas”, quienes cada día se despiertan –con razón– con un creciente y preocupante grado de incertidumbre. Ese discurso tan confrontacional como injusto de Petro cuenta, obviamente, con la ovación de la galería, que interpreta cada palabra suya como una merecida bofetada a quienes por décadas los han “explotado”. Mientras “el pueblo” aplaude cada anuncio, Petro sonríe.
Acaba de ocurrir en Villavicencio, donde Petro afirmó que ya tiene listo “un borrador” para nacionalizar la vía al Llano, que comunica a Bogotá con Villavicencio, obra que fue concesionada por 50 años a Coviandina, propiedad de Corficolombiana. “Es importante que se haga un equipo negociador –dijo Petro– para la posibilidad de la nacionalización de la carretera”.
Como era de esperarse, semejante “bomba petrista” produjo múltiples reacciones, entre ellas la del expresidente Iván Duque, quien ripostó de inmediato: “Nacionalizar una carretera en concesión es una expropiación de un contrato que solo generará desconfianza e incertidumbre económica”.
Igual sucedió con el anuncio gubernamental de acabar con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat), realizado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y respaldado sin reservas ni titubeos por el presidente Petro: “No debería existir el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que se ha vuelto una situación de muchas irregularidades”, afirmó el ministro Jaramillo. “El soat —reafirmó Petro— se ha convertido en un instrumento de captura delictiva de los recursos de la salud”.
El sector energético tampoco se salvó de la mirada inquisidora del presidente, quien sigue sin poder resolver el grave problema de los incrementos desproporcionados de las tarifas de energía, uno de los grandes tormentos de millones de colombianos. Para justificar su ineficacia e ineptitud en esa materia –después de un año largo de iniciado su gobierno– Petro dispara hacia otra dirección, entre ellas el Consejo de Estado, que –según él– lo dejó sin facultades constitucionales para adoptar medidas de fondo que permitan acabar con ese problema. No obstante, guardó silencio sobre la interinidad en la CREG, donde sigue sin nombrar expertos comisionados para que tomen –ellos sí– medidas de fondo sobre las tarifas de la energía. Es decir, Petro en lugar de hacer lo que debe hacer, prefiere culpar a terceros, quienes sí hacen lo que tienen que hacer.
Mientras cada anuncio presidencial causa estruendo y lleva al país a un estado de nervios, que se traduce en mayor incertidumbre y caos, los colombianos seguimos esperando un parte de tranquilidad proveniente de quien está al frente del Estado y tiene sobre sus hombros la suerte de millones de personas.
¿Cuáles son los efectos reales de cada anuncio presidencial? ¿Hasta cuándo resistirá el sector productivo cada anuncio de Petro? Veamos:
Adiós a la inversión en proyectos de infraestructura vial
Si Petro llega a cumplir su sueño de “nacionalizar” la vía al llano (Bogotá-Villavicencio), como anunció el viernes en la capital del Meta, el país tendrá que olvidarse por mucho tiempo de nuevos proyectos de infraestructura vial. Punto. No hay forma de que algún inversionista, nacional o extranjero, arriesgue un solo peso en un negocio que no brinda ninguna garantía jurídica, ni mucho menos algún margen de utilidad. El solo anuncio de Petro obliga a quienes tenían pensado invertir en ese sector de la economía a meter freno de mano, al menos hasta que haya absoluta claridad oficial sobre ese asunto.
La sola propuesta de Petro obliga a los posibles inversionistas a salir corriendo, despavoridos y asustados. Cuesta creer que todo un economista como Petro sea tan básico a la hora de sacar cuentas sobre el negocio de las concesiones viales en el país. Para Petro, en ese negocio solo cuentan los peajes, que para él son máquinas de producir millones. Olvida que la concesión tiene unos costos operacionales, relacionados con pago de nóminas y mantenimiento y construcción de nuevas vías, entre otros, que llevan a disminuir los márgenes de utilidad de manera considerable. Algunas concesiones tienen costos operacionales tan altos que más de un contratista se está frotando las manos ante la posibilidad de que el Gobierno se quede con ese chicharrón.
¿Nacionalizar o expropiar? ¿A qué juega Petro?
No hay que hacer grandes esfuerzos para saber qué pasa con las vías administradas o ejecutadas por el Gobierno nacional. Solo hay que recorrer las carreteras a cargo de Invías para darse cuenta de primera mano de lo inoperante e ineficiente que resulta esa entidad estatal. Si las vías concesionadas no funcionan, mucho menos funcionan las que están a cargo del Invías, que son la gran mayoría.
A lo largo y ancho del país lo que hay son trochas en sus manos. Pero Petro, en lugar de buscar acuerdos con quienes desde el sector privado hacen multimillonarias inversiones y asumen los riesgos de construir carreteras, prefiere amenazar con el garrote de la nacionalización de las vías ya construidas. Esa fórmula populista ya fracasó en países como Venezuela, donde Chávez “castigó” a los inversionistas “opositores” expropiándoles sus contratos. Hoy quienes aplaudían en el vecino país el despojo a los “explotadores” y “esclavistas” padecen el tener que transitar por vías destrozadas.
El tristemente célebre “¡exprópiese!” les salió bastante costoso. De manera que aquellos que hoy aplauden los anuncios presidenciales deberían pensar muy bien a la hora de la ovación, porque lo que hoy celebran con júbilo mañana les puede costar sudor y lágrimas.
Puro populismo, improvisación y derroche
En la búsqueda de soluciones de fondo ante la evidente corrupción que existe alrededor del soat, entre ellas los falsos accidentes de tránsito, los excesivos cobros de clínicas y hospitales, la “guerra de las ambulancias” y los sobrecostos de medicamentos, entre otros, el gobierno de Petro otorgó el año pasado un descuento del 50 por ciento a las motos de bajo cilindraje, que son las de mayores índices de accidentalidad.
El Gobierno pensó que con la medida aumentaría el recaudo del soat y disminuiría la evasión. Ni lo uno ni lo otro. La “generosidad” de Petro nos costó 2 billones de pesos y de nada sirvió, puesto que creó un hueco fiscal de cerca de 900.000 millones de pesos. Hueco que hoy quiere tapar a costillas nuestras. La inmensa mayoría de las motos siguen sin pagar su seguro obligatorio. Ahora Petro cree –al igual que el ministro Jaramillo– que la solución es eliminar el soat. Todo un monumento a la improvisación, cuyos efectos –obviamente– tendremos que pagarlos todos los colombianos, incluyendo a quienes no tienen ni motos ni carros.
En resumen: “cada bomba petrista” tiene inmensos costos políticos, sociales y económicos para el país. Mientras Petro es feliz haciendo anuncios de todo tipo en las plazas del país, algunos totalmente descabellados, los colombianos seguimos sacando cuentas del costo que tiene cada uno de ellos en nuestras precarias finanzas. Algo que, por lo visto, es algo que a Petro poco o nada le preocupa. Punto.
La salida más fácil y más traumática es eliminar el soat
Ministro de salud plantea eliminar el SOAT: ¿Qué hay detrás de esta propuesta?
La eliminación del seguro obligatorio para accidentes de tránsito (soat) es otra “bomba petrista” que tiene en estado de nervios no solo al sector de las aseguradoras, sino a millones de colombianos que conducen vehículos y motos en el país. Ante los evidentes problemas de fraude y evasión, el Gobierno considera que lo mejor es acabar con el seguro que garantiza la atención a quienes son víctimas en accidentes de tránsito. Antes de la creación del soat –en 1986– miles de heridos en accidentes de tránsito morían en clínicas y hospitales del país mientras esperaban ser atendidos de urgencia.
El soat puso fin a esa tragedia. En los últimos 10 años han sido atendidas 6 millones de personas gracias a él, según Gustavo Morales, presidente de Fasecolda. Es decir, el seguro obligatorio ha mostrado sus bondades y sus beneficios. Sin embargo, existen problemas relacionados con la evasión y la corrupción en algunas clínicas y hospitales que abusan del cobro del seguro. Es el caso, por ejemplo, de la evasión que hace que el 47 por ciento del parque automotor no cuente con Soat. Tan solo 9.7 millones de vehículos tienen esta póliza vigente. Pero en lugar de buscar soluciones de fondo, el gobierno de Petro prefiere acabar con el seguro, que es el camino más fácil. En este frente, como en muchos otros, Petro prefiere vender el sofá.
